La afirmación de que «cada nueve días murió una niña por feminicidio en Venezuela en 2022», hecha por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), revela, según especialistas, la «profunda desprotección» de la infancia, afectada por la violencia multifactorial y la inexistencia de políticas públicas para prevenir agresiones y asesinatos.
Los infanticidios, definidos como la «acción de dar muerte a niños de corta edad», se multiplicaron en Venezuela en los últimos años, según reflejan las informaciones puntuales de instituciones del Estado, que sirven de ayuda para ONG que hacen seguimiento, que también se apoyan en datos publicados por medios locales, pues no hay cifras globales oficiales al respecto.
Según Cepaz, una de las pocas organizaciones que siguen este tipo de crímenes, en 2022 se registraron 37 feminicidios de niñas, 22 de ellas menores de cinco años de edad. El coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, plantea la escasa información como una de las dificultades para la atender y prevenir agresiones a niños, y explica que cuando no hay cifras oficiales, existe «debilidad institucional para dar respuesta».
«Los niños están sufriendo una profunda desprotección y una de las principales afecciones de la desprotección es la violencia», explicó Trapani a EFE.
Violencia sin prevención
En junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados, que informaron sobre el maltrato al menor.
«El niño murió a golpes, lo mataron, (su papá) lo mató a golpes (…) Tenía correazos, moretones en las piernas, en todo el cuerpo, y él (su papá) dijo que era porque el niño no quería comer más, no quiso comer más y él lo golpeó», contó a EFE Rachel Díaz, tía de Osleyner.
Rachel aseguró que jamás supieron del maltrato que sufría, y que tuvieron que dejarlo bajo los cuidados del papá porque la madre del pequeño atravesaba un agresivo cáncer por el que murió un mes después de conocer del asesinato.
El asesino admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio «rápido», pero esto no sanó las heridas de esta familia, que cree que se pudo evitar.
Trapani aseguró que, aunque hubo un esfuerzo reciente del Estado para atender los hechos de violencia hacia menores, el reto actual implica la «intervención oportuna desde la prevención» para revertir efectos como las agresiones continuas y asesinatos.
«La familia está muy a la deriva, la escuela está muy debilitada, la sociedad está tratando de resolver su cotidianidad y no hemos tenido una mirada centrada en el niño, y mientras eso no cambie los contextos de violencia van a seguir incrementándose», afirmó.
A ciegas
La falta de cifras sobre el número de niños asesinados obligó a organizaciones como Cecodap a hacer su propia data.
Según esta ONG, entre 2017 y 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes, y otros 17 fallecieron en 2020 a manos de un familiar directo, mientras que entre enero y julio de 2021, contabilizó la muerte de 33 menores por «violencia doméstica».
Pese a estos datos, Trapani explicó que el desconocimiento de cifras oficiales deriva en el escaso desarrollo de políticas para atacar las fuentes principales de la violencia que afecta a la niñez.
«No hemos tenido una política pública entendida como esa estrategia lógica, integrada, sostenida, con indicadores, con objetivos, con recursos, con responsables, eso nunca lo hemos logrado. Siempre ha habido reacciones que son coyunturales, que atienden casos específicos, pero no responden a una estrategia nacional que permita revertir ese contexto de violencia», dijo.
Agregó que «la ausencia de programas y servicios» de atención terapéutica y psicosocial, dirigidos a acompañar a sobrevivientes de agresiones y a las familias a afrontar hechos violentos, es otra debilidad que concluye en que «los niños que son víctimas de violencia están profundamente a la deriva».
Organizaciones especializadas advierten que las respuestas deben ser estructurales y apuntar no solo a atender a las víctimas, sino a educar sobre la denuncia, a devolver la confianza en las instituciones y a promover la cultura de la prevención.