Alejandro José González de Canales, coronel retirado con doble nacionalidad venezolana y española, se encuentra en aislamiento desde su arresto en su domicilio en Lechería. A pesar de los continuos esfuerzos de su familia para contactarlo, las autoridades venezolanas han negado sistemáticamente el acceso.
Este caso se ha convertido en un foco de atención, subrayando las tensiones políticas y sociales dentro del país. Detenido en un contexto donde varios familiares de su exesposa, Rocío San Miguel, una reconocida activista de derechos humanos y seguridad, también fueron arrestados, sugiere un trasfondo político en su captura.
González de Canales y San Miguel se habían divorciado años atrás, sin mantener ningún tipo de contacto desde entonces.
Desde el inicio de su detención, el padre de González de Canales, y su esposa han chocado contra un muro de negativas en sus intentos por verlo. Incluso la intervención del cónsul general de España en Venezuela, Marcos Rodríguez Cantero, no ha logrado romper el aislamiento, enfrentándose a la misma negativa durante una visita a las instalaciones de Dgcim en Boleíta. Este rechazo continuo ha despertado alarma internacional, generando debate sobre los derechos humanos y el acceso consular en el país.
El caso de González de Canales no solo pone de relieve las arduas condiciones para los detenidos en Venezuela, sino que también se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la opacidad gubernamental y el aislamiento forzoso. Ha resonado a nivel global, convirtiéndose en un llamado de atención sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.