La falta de acción del Ministerio Público ante las llamadas economías ilícitas, tales como como narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales, ha convertido a este organismo venezolano en uno de los principales cómplices de este tipo de actividades que han tenido un impacto devastador en la economía, la sociedad y los derechos humanos del país.
Así lo reseñó la organización Transparencia Venezuela en su más reciente informe titulado Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad, cuyo primer capítulo aborda la institucionalidad frente a este tipo de delitos.
El estudio realizado por Transparencia Venezuela destacó no existe información pública que respalden que la Fiscalía venezolana esté asumiendo con eficacia esta potestad ante la gravedad y peligrosidad de los hechos que están ocurriendo en Venezuela.
«Sin acción eficaz del Ministerio Público está garantizada la impunidad de los hechos delictivos, incluyendo los relativos al crimen organizado», reseñó el informe.
Opacidad en la información
La información que permite valorar la actuación del Ministerio Publico venezolano es escasa porque no se cuenta con informes de gestión, estudios o estadísticas oficiales.
La organización destacó que existen varios principios constitucionales que obligan al Ministerio Público, y a otras instituciones del Estado, a rendir cuenta de sus actuaciones. Sin embargo, la opacidad o la falta de transparencia en la información ha sido el común denominador desde 1.999 y se ha incrementado durante la gestión del fiscal general Tarek William Saab.
«Aunque medios oficiales han afirmado que el fiscal general ha presentado memoria y cuenta o informes anuales ante la Asamblea Nacional, lo cierto es que en la página del Ministerio Público el contenido de estos documentos no ha estado disponible en los últimos años», señaló el informe que agregó que sin estos datos es imposible saber el nivel de la impunidad en Venezuela, en delitos relativos al narcotráfico, contrabando, corrupción y extracción y tráfico ilegal de oro, entre otros.
Transparencia Venezuela documentó que en muchos casos emblemáticos de narcotráfico, contrabando y otras economías ilícitas ventilados en la justicia venezolana, se desconoce el avance del proceso penal contra los imputados o acusados.
Investigaciones de la organización revelan que tribunales de más de 26 países han abierto 150 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64.000 millones de dólares. Sobre la mayoría de ellas, no hay un acto de apertura de investigación por parte del sistema de justicia venezolano.
Politización de la justicia
«Una de las mayores dificultades para el funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela ha sido la politización del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que muchas veces impide que se inicien investigaciones por economías ilícitas, principalmente cuando los involucrados son funcionarios civiles o militares, grupos de crimen organizado o personas ligadas al poder político en el país», indicó el informe.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el grueso de fiscales del Ministerio Público es designado de manera provisoria, sin concursos públicos y abiertos de oposición, y por lo tanto no tienen titularidad en sus cargos.
La organización advierte que la politización y la falta de independencia de los fiscales y otros funcionarios del Ministerio Público fomenta la impunidad en Venezuela. «En las actuales circunstancias, es muy difícil que un fiscal se niegue a no abrir una investigación o a no investigar correctamente un hecho delictivo, si recibe una orden de sus superiores o del poder político imperante en Venezuela», indica el documento.
Otra de las consecuencias perjudiciales de la politización y falta de independencia del Ministerio Público es el impacto negativo en el número de denuncias de delitos en Venezuela.
«Una ciudadanía que desconfía del sistema de justicia, regularmente, tiende a no denunciar cuando es víctima o cuando tiene conocimiento de cualquier manera de un hecho punible, incluyendo los relativos a la delincuencia organizada. Esto explica por qué es alto el índice de falta de denuncia en Venezuela, que alcanza en la actualidad el 56%, segúnestimaciones independientes», según el informe.
La impunidad, entre otros efectos negativos, genera también un impulso en la repetición de los hechos delictivos, ya que la falta de sanción normalmente le sirve de incentivo al delincuente, concluyó Transparencia Venezuela.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional