69,6% de los venezolanos viven en pobreza multidimensional debido al deterioro regresivo de los ingresos para la subsistencia económica y a la deficiencia en los servicios básicos, especialmente la electricidad. Así lo reveló una investigación realizada por HumVenezuela, plataforma humanitaria que monitorea la emergencia humanitaria compleja en el país.
La encuesta, realizada en 20 estados del país entre enero y noviembre de 2023, indicó que 20,1 millones de personas tienen amplias necesidades de asistencia y protección, de las cuales 14,2 millones experimentaron necesidades más críticas y 4,2 millones llegaron a un estado severo de necesidad.
En cuanto a la alimentación, HumVenezuela detalló que si bien la disponibilidad de alimentos en el país ha mejorado, la mayoría de la población no dispone del presupuesto suficiente para adquirir estos productos y poder consumir una dieta variada y nutritiva. Esto debido a que los ingresos mensuales en promedio se ubican en 102,5 dólares que apenas cubren 12,8% de la canasta básica de bienes y servicios esenciales.
“El déficit de ingresos para comprar una canasta básica de alimentos llegó a 72,4%”, afirmó el estudio.
Como consecuencia de las privaciones económicas, al menos 9,3 millones de personas (32,1%) realizó algún tipo de trabajo informal de escasos ingresos y alrededor de 5 millones (17,3%) se empleó en trabajos riesgosos para su vida, integridad y seguridad, incluyendo actividades ilícitas de explotación, en todas sus formas, trata y tráfico humano, entre otros.
«Las consecuencias del deterioro de los ingresos y de los servicios básicos fue un aumento de la inseguridad alimentaria, con un estado de hambre, oculta o evidente y un escaso presupuesto para atender las necesidades de educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y de los miembros con problemas de salud», señaló el estudio.
Entre los años 2022 y 2023, el porcentaje de personas que durante ciertos períodos del año pasaron hambre de forma permanente se incrementó considerablemente de 14,4% a 22,3%. De este grupo, las personas que permanecieron con hambre, todo el tiempo, aumentaron de 7,2% a 9,5%. Igualmente se produjo un ascenso, de 10% a 15,5%, en el número de personas que alguna vez pasó días enteros sin comer y de 4,9% a 5,7% las que muy seguido durante el año no pudieron alimentarse por días enteros.
Estos resultados, según HumVenezuela, indican un aumento en el porcentaje de personas con inseguridad alimentaria en 2023, el cual asciende a 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Esto es un incremento de aproximadamente tres puntos en comparación con la cifra de 42,8% registrada en marzo de 2022. La inseguridad alimentaria moderada se mantiene en 35,7% y la severa pasa de 7,2% a 9,5%.
Como consecuencia de las privaciones alimentarias, la desnutrición en menores de 5 años de edad siguió siendo un grave problema en el país, afectando a 1,4 millones de niños con algún grado de déficit nutricional o riesgo de tenerlo. Dentro de este total, en 2023 se estimaba un 9,5% de niños con desnutrición aguda y 35,4% con desnutrición crónica, por retardo de crecimiento en talla para la edad.
Acceso a los servicios e inseguridad
La crisis eléctrica empeoró en 2023, con una constante fluctuación diaria de energía en todos los estados del país. La población que sufrió fallas intermitentes y prolongadas se incrementó de 25,9% a 61,9% entre 2022 y 2023.
«La caída de las capacidades de generación eléctrica en el país se estima en 80% (60% generada por centrales hidroeléctricas y 40% por plantas termoeléctricas), como consecuencia de una alta fragilidad del equipamiento, sistemas de transmisión y distribución y falta de personal capacitado», de acuerdo con el informe de HumVenezuela.
Los apagones recurrentes aumentaron en 155,9%, pasando de 147.500 a más de 230.000 entre 2022 y 2023, ocurriendo con más frecuencia en los estados Mérida, Táchira, Falcón, Miranda, Zulia y Anzoátegui, y afectando entre 70% y 90% de sus poblaciones.
En el acceso a transporte público la situación sigue siendo crítica para más de 80% de la población, que no cuenta con medios de transporte propios. Quienes sí cuentan con automóviles o motos se enfrentaron a una crisis permanente de escasez de combustible debido al déficit de producción interna para cubrir la demanda nacional de gasolina, que aumentó de 35% a 56,7% entre los años 2022 y 2023.
En 49,4% de los hogares, 28,1% reportó no disponer de transporte público en su comunidad y 21,3% manifestó afrontar fallas severas en la regularidad del acceso a transporte. En esta crítica situación, entre los años 2022 y 2023 se incrementó de 56,7% a 60% la cantidad de personas que deben caminar para realizar sus actividades cotidianas.
La crisis hídrica en el país, también asociada a la eléctrica, tuvo un mayor agravamiento en 2023. Las restricciones severas se acrecentaron por la frecuencia y duración de los racionamientos o interrupciones del suministro de agua en los hogares, que afectaron a 69,1% de la población, sumando a quienes viven en hogares no conectados al sistema de acueductos.
«De manera preocupante, por sus consecuencias para la vida y la salud, 33,4% de las personas redujo las cantidades de ingesta de líquidos diarios, por causa de la severa escasez de agua o por temor a beber agua contaminada sin disponer de suficientes métodos o productos de purificación, incrementando así los riesgos de deshidratación o de otras afecciones», agregó la investigación.
El cuarto informe de HumVenezuela indicó que la inseguridad es uno de los principales riesgos que las personas corren en el entorno comunitario, sin embargo, hubo una disminución. En 2020 afectaba a 51,9% y, en 2023, 41% de las personas en los hogares encuestados identificaron la inseguridad como uno de los riesgos más altos para sus vidas e integridad.
Aun con esta disminución, aumentó la proporción de personas que fueron víctimas de actos de abuso y/o violencia por parte de terceros entre 2022 y 2023. En 39,9% de los casos las personas atribuyeron los actos a funcionarios y 26,2% a grupos de delincuencia o armados. 56,6% de los actos se notificó o denunció a instituciones u otros actores de apoyo.
Salud y educación
La mayoría de la población está expuesta a graves riesgos para sus vidas, integridad y bienestar físico y mental por falta de atención a la salud. En 2023, 87,8% dependía del sistema sanitario público para tener acceso a servicios de atención primaria, ambulatoria y hospitalaria, que están en severa crisis por el colapso de 80% de sus capacidades, a causa de un deterioro sostenido que, en 2022, cumplió una década.
Del total de personas que acudieron al sistema de salud público, cerca de 72,4% no encontró atención, quedándose sin atención médica garantizada, de acuerdo con HumVenezuela.
Esto se debe principalmente a que 86,4% del sistema sanitario público perdió servicios de atención primaria, 74,4% dejó de contar con servicios de atención ambulatoria y 60,8% ya no contaba con servicios de atención hospitalaria.
El gasto público en salud disminuyó durante los últimos años en más de 50%, estimando una mayor caída que se desconoce por la ausencia de publicación de las estadísticas de inversión y gestión presupuestaria.
En 2023, 54,8% de la población estuvo sin recursos económicos para afrontar los gastos mínimos de una enfermedad, en un contexto donde prácticamente desapareció la protección financiera a través de los múltiples sistemas de seguridad social y los seguros privados.
En cuanto al sistema de educación básica, en el que estudian los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad, presenta un severo deterioro, profundizado hace más de dos décadas, según el estudio de HumVenezuela.
En 2023, 61,6% de los menores de edad de 0 a 17 años se encontraba en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo. Dentro del entorno de enseñanza, 82% no realizó actividades escolares y de calidad acorde con el derecho a la educación, y más de 90% enfrentó problemas de deterioro o déficit de infraestructura, dotación y servicios básicos.
La suspensión de clases y la falta de docentes alcanzaron los porcentajes más altos, con porcentajes de 36,3% y 40,7%, respectivamente. Los hogares reportaron 18,1% de los menores entre 3 y 17 años de edad que perdieron más de 50 días de clases, lo que significa no haber cursado 33% de los establecidos en el calendario escolar o un lapso académico completo, de acuerdo con la duración mínima de 180 días hábiles que dicta el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación.
74,6% de los 28.000 planteles del sistema público presenta condiciones de deterioro en su planta física, espacios e instalaciones, incluyendo las sanitarias. Además, 73,4% no recibe electricidad continua y 80,9% no recibe agua. 71,7% no contaba con suficientes pupitres para todos los alumnos y 95,7% carecía de un servicio de transporte escolar.
Igualmente, 79,2% de las escuelas presentaba déficits de docentes, que en un porcentaje cercano a 60% abandonaron el sistema educativo, y 92,9% no contaba con computadores y 93,1% no tenía conexión a Internet.
Entre 2022 y 2023, aumentó el número de niños, niñas y adolescentes que no iba a la escuela: de 25% a 26,7%. De esta cifra, 6,2% abandonó los estudios y 20,5% nunca se escolarizó, de acuerdo con HumVenezuela.
En las causas de abandono y no escolarización tienen un peso importante las razones económicas, la distancia de las escuelas y las necesidades especiales de los menores de edad. 29,9% de los niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años de edad que no asiste a la escuela están trabajando.
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