Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos de la Presidencia Interina, señaló que el régimen de Nicolás Maduro incumplió las recomendaciones emitidas por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y del Memorándum de Entendimiento emitido por su oficina que fue firmado en septiembre de 2019.
Afirmó en una nota de prensa que en Venezuela se continúan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática.
En materia judicial, Prado señaló que los jueces y los fiscales carecen de independencia y son actores políticos designados para ejecutar las órdenes del régimen. La Fiscalía y los jueces, incluido al Tribunal Supremo de Justicia, son utilizados como mecanismo de persecución a la sociedad y mecanismo de impunidad frente al delito; especialmente las violaciones a los derechos humanos.
También señaló que las arbitrarias y erradas políticas económicas han destruido la producción nacional y el empleo, creando una hiperinflación que afecta a toda la población.
Denunció que el régimen ha usado el covid-19 como un instrumento político para restringir las voces independientes y el derecho a defender derechos humanos.
Prado indicó que Venezuela es el país de Suramérica que ha administrado menos dosis de vacunas contra el covid-19, y acotó que 537 trabajadores de la salud han fallecido por el virus desde el comienzo de la pandemia.
Inseguridad
En materia de seguridad, Monitor de Víctimas contabiliza al menos 140 personas asesinadas durante el primer trimestre del 2021.
Por su parte, el Observatorio del Centro de Justicia y Paz registró 60 feminicidios, de los cuales 45% de los casos tenían entre 22 y 36 años de edad.
«Existen patrones claros de violencia y ataques contra las personas defensoras, que no son casos aislados, sino que confirmar la existencia de una política de persecución a las organizaciones no gubernamentales», dijo Prado.
La ONG Cofavic ha constado un aumento de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil en 157% con respecto a las cifras de 2019. Las detenciones arbitrarias, los actos de agresión, intimidación, difamación, estigmatización y hostigamientos, son los tipos de ataque más comunes.
24 medios de comunicación y 8 emisoras fueron cerradas por el régimen, según la ONG Espacio Público.
Situación en las cárceles
Prado, defensor de derechos humanos, también señaló que la crisis del sistema penitenciario del país va en aumento debido al incumplimiento de estándares internacionales en los centros de reclusión y el tratamiento de personas privadas de libertad.
“Son centros para la tortura, los malos tratos y la violencia intracarcelaria, a medida que pasan los años la situación se agrava aún más, la corrupción aumenta y la indolencia hacia los hombres y mujeres detenidas crece”, dijo Prado.
Actualmente la población reclusa ronda por los 38.000, mientras en los calabozos policiales están en unas 55.000 personas distribuidas en espacios que sólo pueden soportar 26.238 personas (26 centros penitenciarios).
En las cárceles se han reportado más de 30 heridos y 40 muertes, siendo más de 70% por problemas de salud, como tuberculosis, desnutrición, sida, entre otros.