Human Rights Watch pidió a Trinidad y Tobago frenar la deportación de los menores de edad venezolanos. En un comunicado, la organización afirmó que estas acciones constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos y que, además, reflejan la lealtad de las autoridades de ese país a Nicolás Maduro.
Subrayó que la situación que afronta la isla por la pandemia de coronavirus no justifica las deportaciones que violan el derecho internacional.
La organización indicó que alrededor 24.000 venezolanos han salido desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago para huir de la crisis generada por el chavismo. Y advirtió que se espera que la cifra aumente a 30.000 a finales de este año.
«El cruce marítimo suele ser peligroso», dijo.
Al menos 34 migrantes, incluidos varios niños, murieron ahogados al hundirse la embarcación en la cual se desplazaban el 6 de diciembre. Pero el gobierno trinitense siguió adelante con una serie de deportaciones a finales del año, incluidas 160 personas el 28 de noviembre.
El 17 de diciembre deportaron a otras 66 personas, entre ellas 22 niños y niñas, de los cuales uno tenía apenas 8 meses de nacido.
Human Rights Watch recordó que el ministro de seguridad de Trinidad y Tobago expresó el 28 de noviembre que las deportaciones se realizan en conjunto con las autoridades del régimen de Nicolás Maduro.
«El gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas», expresó.
HRW dijo que los venezolanos, si llegan a las islas, lidian no solo con barreras por el idioma. También con un riesgo mayor de explotación sexual y laboral. Señaló además las dificultades a las que se enfrentan para acceder a la atención de la salud, la educación y el trabajo.
Mencionó asimismo la falta de garantías al debido proceso con los ciudadanos detenidos y deportados.
«Las deportaciones sin debido proceso y la devolución de solicitantes de asilo a sitios donde podrían enfrentar un riesgo concreto de amenazas contra su vida u otros daños graves violan el derecho internacional», alertó.