Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del covid-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población creando un Estado policial, señaló Human Rights Watch.
Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el covid-19 a mediados de marzo de 2020, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Nicolás Maduro. A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una “ley contra el odio” absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia. A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el covid-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“En la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, aseguró.
Estado policial para limitar el covid-19
El 13 de marzo, Maduro decretó un estado de “excepción y alarma” en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación del covid-19, incluyendo restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas. Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley exige tal aprobación.
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto. En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como colectivos, que colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales. La Oficina de la ACNUDH ha documentado, asimismo, que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y han controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares. Igualmente, organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en la calle, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles presuntamente por haber incumplido medidas de cuarentena.
Hostigamiento y persecución
A partir de un análisis de casos reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación venezolanos, Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. Entre mayo y agosto, Human Rights Watch entrevistó a través de WhatsApp a víctimas y sus familiares y/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo señalado por otras organizaciones.
Las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos, incluyendo varios legisladores, periodistas que publican información crítica, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades y abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos. Agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.
En algunos de los casos reportados los detenidos sufrieron abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados. En un caso que documentó Human Rights Watch, ocurrido en marzo, un defensor de derechos humanos que había sido detenido mientras asistía a manifestantes fue esposado a una columna dentro de un destacamento militar durante cinco horas. No le proporcionaron comida ni agua; tampoco le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares. Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir.
Esposado a una tubería por dos horas
En otro caso, del mes de abril, policías mantuvieron a un abogado esposado a una tubería metálica por dos horas, bajo el sol, en el patio de un centro de detención. El abogado había sido detenido por expresar críticas contra autoridades locales en sus redes sociales. Luego de esto, le negaron el acceso a un baño por 26 horas.
En numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepción, las personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir. Una ley contra el odio de 2017, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, contiene disposiciones imprecisas que prohíben los “mensajes de intolerancia y odio” publicados en medios de comunicación o redes sociales. Los delitos acarrean una pena de hasta 20 años de prisión. En varios casos, se les han imputado delitos de posesión de armas o “agavillamiento” (asociación ilícita) a opositores políticos, a partir de pruebas que habrían sido plantadas para incriminarlos.
Debido a la pandemia, los tribunales funcionan con un cronograma limitado. Esto ha generado demoras en la tramitación de liberaciones y en el acceso a expedientes por parte de los abogados defensores. Las medidas para contrarrestar la pandemia también han sido utilizadas para justificar detenciones sin órdenes judiciales. La justicia prohibió a varios detenidos bajo arresto domiciliario que usaran redes sociales o se refirieran a “asuntos del Estado”, una medida que viola su derecho de libertad de expresión.
Abusos y detenciones arbitrarias
Las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos que han ocurrido desde la declaración del estado de excepción siguen el mismo patrón que los abusos sistemáticos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que Human Rights Watch ha documentado en las brutales arremetidas contra opositores desde 2014.
El derecho internacional prohíbe limitar ciertos derechos fundamentales incluso durante períodos de emergencia. Estos incluyen el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria y el derecho a la revisión judicial de las detenciones. Toda restricción de otros derechos debe estar prevista en la ley y debe resultar necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia.
Diversos expertos en derechos humanos de la ONU han destacado que los gobiernos no deben emplear el estado de excepción por el covid-19 para actuar contra determinados grupos o encubrir acciones represivas. “Las restricciones impuestas para responder al virus deben responder a objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse solamente para acallar el disenso”, manifestaron los expertos de la ONU.