Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, se refirió este viernes a la última arremetida del gobierno de Nicolás Maduro en contra del diario El Nacional y sostuvo que es la demostración, una vez más, de la intolerancia a la prensa independiente en el país.
El 25 de enero un fiscal del Ministerio Público (MP) y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en la vivienda de José Gregorio Meza, jefe de redacción, y lo llevaron detenido «para declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Hasta ahora, solo investigación», informó el editor en sus redes sociales.
“El régimen una y otra vez muestra su absoluta intolerancia a la prensa independiente. En cualquier sociedad, la prensa juega un papel de veedor. Los periodistas tienen el rol de exponer la realidad, aunque sea cruda y difícil y especialmente si incomoda al poder. En una democracia, contribuyen a un debate más robusto, molesta pero se tolera. Mientras que en una dictadura, se intenta acallar. La última arremetida contra El Nacional no es más que eso: un burdo intento por acallar uno de los pocos medios independientes que aún se atreven a existir en Venezuela”, dijo Tamara Tarasiuk.
De igual manera, Tarasiuk explicó que se trata de un ataque que se ha vuelto sistemático en contra del medio de comunicación. “Es sin duda recurrente y grave. Desgraciadamente, por el contexto del país, no sorprende”.
El mundo debe ver lo que pasa con El Nacional y con Venezuela
Sostuvo que es importante el apoyo de la comunidad internacional para denunciar lo que ocurre en Venezuela. De igual manera, la necesidad de informar específicamente sobre lo que está pasando con el caso de El Nacional. Sostuvo que es aún más importante en un momento en el que el gobierno de Nicolás Maduro intenta conseguir reconocimiento internacional.
“Me parece fundamental apoyar el valioso y valiente trabajo de El Nacional desde todas las esferas internacionales —los relatores para la libertad de expresión, los organismos de derechos humanos regionales y de la ONU. Los gobiernos deben alzar la voz cuando están en juego garantías democráticas fundamentales como la libertad de prensa. El respaldo internacional es clave para que quienes están en las trincheras no se sientan solos. Y para elevarle el costo al régimen por las barbaridades que hace. No es posible que les sea gratis vender internacionalmente una imagen que intentan reconstruir para obtener legitimidad cuando en el país atacan a los medios”.
Tarasiuk reafirmó el compromiso de Human Rights Watch con el diario El Nacional, así como con los medios independientes que siguen ejerciendo el periodismo en Venezuela a pesar de los ataques. “Cuentan con nosotros. Siempre”.
Finalmente, indicó que la situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo preocupante. “La situación es grave. Corremos un enorme riesgo de normalizar lo que ocurre porque no hay titulares en los diarios del mundo sobre muertos en la calle, pero eso no significa que la situación esté mejor. Todo lo contrario. En Venezuela hay hoy en día tres crisis de derechos simultáneas: una brutal arremetida contra opositores, no solo políticos sino críticos en general, una emergencia humanitaria que vulnera los derechos a la salud y alimentación de millones de venezolanos, y una consecuente crisis migratoria que ha llevado a más de 7,1 millones de venezolanos a huir del país”.
La SIP también se manifiesta
Este viernes también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la persecución de los cuerpos de seguridad de Venezuela en contra del jefe de redacción de El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros periodistas del periódico.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron «las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario».
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en señalar: «No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione».