Nicolás Maduro utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada del covid-19 para intensificar su control de la población, así lo documentó Human Rights Watch en un informe difundido este jueves.
La organización responsabilizó al gobierno de Venezuela y a sus fuerzas de seguridad por presuntas extrajudiciales y desapariciones por un corto periodo. Además del encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos políticos.
“Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos”, destacó.
Recordó, al respecto, que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU identificó patrones de violaciones de los derechos humanos y delitos parte de una conducta sistemática y extendida.
La ONG aseguró que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció en noviembre pasado su decisión de abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Venezuela en emergencia humanitaria
HRW también recordó que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa con millones de personas que no tienen acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada.
“El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la covid-19”, aseguró el informe.
La organización señaló que la misión de observación electoral de la Unión Europea en los comicios locales y regionales del 21 de noviembre reportó la descalificación arbitraria de algunos opositores y un acceso desigual a los medios de comunicación.
Además, que la falta de independencia judicial socavó la imparcialidad y transparencia de la elección. Entre las preocupaciones que persisten, incluye las abyectas condiciones en las prisiones, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes.
“El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina”, reiteró.
Detenciones arbitrarias
En el informe HRW también dice que el gobierno ha detenido a opositores políticos, eliminándolos de las posibles carrera para ser elegidos en elecciones.
Destacó asimismo que agentes de seguridad y de las fuerzas de seguridad han torturado a varios detenidos y a sus parientes. Y resalta que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2020 reportó casos de presunta tortura y malos tratos a los arrestados.
Human Rights Watch también se hizo eco de los abusos denunciados durante los combates que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“La operación llegó a la ejecución de, al menos, cuatro campesinos, detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales miliares, así como la tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados”, subrayó.
Afirmó que la minería es el principal problema para la deforestación del Amazonas venezolano, luego de la agricultura. Agregó un estudio de la ONG SOS Orinoco que aseguró que, tras la ilegal declaración de Maduro que creó en 2016 una zona especial para la minería en el norte del sureño estado Bolívar, se han perdido más de 230.000 hectáreas de cobertura forestal.