La ONG Human Rights Watch denunció el lunes la persecución y el acoso del régimen de Nicolás Maduro en contra de organizaciones sociales que desempeñan labores humanitarias para responder a la emergencia que vive el país.
«Desde noviembre han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas», señaló el director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco.
En opinión de Vivanco, queda en evidencia que al régimen de Maduro le interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo. Lo acusó de bloquear el trabajo de las ONG, mientras los niños pasan hambre y los pacientes con covid-19 necesitan tratamientos adecuados.
En este contexto, llamó a la comunidad internacional a instar categórica y urgentemente a las autoridades a que permitan que las organizaciones venezolanas e internacionales desarrollen sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas.
Detenciones y allanamientos
Recordó que el pasado 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Save the Children, que es internacional.
Se les acusa de legitimación de capitales y asociación ilícita, aunque no lo han podido comprobar, porque los activistas no han tenido acceso al expediente penal de la causa en su contra.
El 24 de noviembre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanó la antigua sede de Alimenta la Solidaridad, sin mostrar ninguna orden, y al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización.
Funcionario de la FAES sacó un ordenador de la sede de la ONG Convite durante un allanamiento en Caracas | Rayner Peña / EFE
Funcionarios de la Fuerza de Acción Especial allanaron el 15 de diciembre la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.
Los funcionarios confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de la FAES para interrogarlos.
Bloqueo de cuentas
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario indico el 20 de noviembre que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales para identificar a quiénes envían recursos y de quiénes reciben.
Alimenta la Solidaridad expresó que Sudeban también ordenó congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.
La entidad del sistema bancario también limitó el uso de las tarjetas prepago en dólares estadounidenses que han estado utilizando empresas y organizaciones para pagar sueldos y beneficios a sus empleados ante la devaluación del bolívar.
«Esta medida limita aún más a la capacidad de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de conservar su personal y realizar sus actividades», dijo Vivanco.
Diosdado Cabello anunció en días pasados que la nueva Asamblea Nacional adoptaría una ley para regular la posibilidad de que las organizaciones obtengan fondos internacionales.
Incumplimiento de normas
Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios».
La normativa también obliga a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Esto incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció asimismo que el respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores para realizar libremente sus actividades.