Stefania Migliorini, abogada y coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, informó este miércoles, 20 de septiembre, que culminó con una condena arbitraria el juicio contra los presos políticos involucrados en la denominada “Operación Constitución”.
“Se desestimaron aproximadamente 10 funcionarios, a 31 testigos se prescindieron de sus testimonios y adicionalmente se incorporaron más de 50 documentos”, detalló.
Migliorini reveló las conclusiones y la decisión sobre los funcionarios involucrados en el caso.
José Rommel Acevedo resultó condenado a 30 años por los delitos: traición a la patria, conspiración, terrorismo, posesión ilícita de arma de guerra, y asociación para delinquir.
Mientras que los ciudadanos Jonathan Rangel y Santiago Nelson recibieron una condena de 24 años y seis meses por los delitos de conspiración, revelación de secretos de Estado y asociación para delinquir.
“Aquí seguimos, ahora lo que nos toca ejercer es el recurso de apelación. A esperar que la juez publique la sentencia para nosotros poder ejercer este recurso”, agregó la abogada.
En Venezuela, según la ONG Foro Penal, hay un total de 281 presos políticos, 265 son hombres y 16 son mujeres. Además, 127 son civiles y 154 militares.
El último informe, publicado el 12 de septiembre, detalló además que del total 125 han sido condenados y 156 esperaban por la sentencia de un tribunal.
Sobre la «Operación Constitución»
La «Operación Constitución» fue una de las distintas estrategias aplicadas por la oposición para sacar a Nicolás Maduro del poder.
Este caso particularmente suspendería las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en las que resultó reelecto el chavista.
Según una investigación publicada por Bloomberg, entre los involucrados se encontraban capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El objetivo se basaba en asaltar el palacio presidencial, posteriormente capturar a Maduro y enjuiciarlo.
La planificación de la «Operación Constitución» se dio mayormente en Colombia. En el lugar funcionarios colombianos y estadounidenses trabajaban para apoyar la ejecución del plan. Sin embargo, al accionar el operativo, estos se negaron a participar.
Sobre el fracaso de esta estrategia, señalan a un supuesto agende doble, quien filtró detalles de la operación al gobierno de Maduro.