El exdiputado opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa dijo este viernes que la muerte bajo custodia policial de Jesús Manuel Martínez Medina -detenido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio- es «responsabilidad absoluta» del «régimen dictatorial» de Nicolás Maduro.
«La muerte de Jesús Manuel Martínez puede justamente calificarse como un homicidio intencional», expresó en X Guanipa, quien recordó que Martínez fue testigo electoral en el estado Anzoátegui (noreste) a favor de la oposición en los comicios, en los que Maduro fue proclamado vencedor, un resultado que la mayor coalición opositora tacha de «fraudulento».
Asimismo, manifestó que Martínez -aprehendido el 29 de julio en su residencia «sin orden de allanamiento y sin ningún motivo», según la oposición- «nunca debió ser detenido porque no cometió ningún delito», aunque la Fiscalía asegura que la detención se produjo el 2 de agosto y se debió a «su participación en los hechos violentos» poselectorales.
Guanipa habla de la muerte de Jesús Manuel Martínez
El exdiputado aseguró que la madre del fallecido alertó sobre sus «importantes problemas de salud», como diabetes tipo 2, y que el «ambiente de su detención podría perjudicarlo gravemente».
«Todo esto se advirtió, su madre fue especialmente diligente, imploró que (su hijo) fuera trasladado a un centro asistencial. La respuesta y la atención no llegaban porque supuestamente esperaban órdenes de Caracas», señaló Guanipa.
Sin embargo, este viernes, la Fiscalía aseguró que Martínez recibió «la debida atención médica» durante los 34 días que estuvo hospitalizado debido a complicaciones de salud relacionadas con la diabetes que padecía.
El jueves, la líder opositora María Corina Machado afirmó que «después de tanto tiempo y denuncias», Martínez fue trasladado a un hospital, donde los facultativos, «al ver el estado en el que se encontraba Jesús, decidieron que debían amputarle ambas piernas», pero «en medio del procedimiento falleció».
Tras las presidenciales, se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales que se saldaron con 2.400 detenidos, según el Ejecutivo, si bien las ONG han identificado 1.848 casos, entre ellos el de Martínez Medina, así como el de 69 adolescentes y decenas de mujeres, casi todos acusados de terrorismo.