Juan Guaidó denunció este martes lo que calificó como imposición de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que designó la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2020, de mayoría oficialista.
Este hecho, dice el dirigente en un comunicado, «muestra la ausencia de democracia» en Venezuela, «marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices, que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos».
Guaidó afirma que la renovación del sistema judicial en el país «busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos» con el objeto de «entorpecer los esfuerzos» de instancias como la Corte Penal Internacional (CPI).
La AN designó este martes, tras un aplazamiento de 31 días, a los 20 magistrados del TSJ que conformarán las 7 salas del Poder Judicial durante los próximos 12 años.
El Poder Legislativo aprobó en enero una reforma de la Ley Orgánica del TSJ que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen la institución.
Expertos entrevistados por El Nacional coinciden en que la reducción es solo «un número» y que el gobierno de Nicolás Maduro lo que pretende es asegurar «la impunidad» en Venezuela.
Los expertos resaltaron que se estaría violando el artículo 264 de la Constitución, que establece que solo una única vez los magistrados podrán postularse por 12 años. Sin embargo, en la designación algunos continúan del período anterior. Como el actual presidente del TSJ, Maikel Moreno, además de Lourdes Anderson, Luis Fernando Daminani y Calixto Ortega, que repiten en la Sala Constitucional.
Pide desconocer a los magistrados del TSJ
Guaidó señala en el comunicado que «lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de principio de complementariedad entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso». Esto debido a que a su juicio los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera.
En ese sentido, pide a la comunidad internacional «desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela».
«Exhortamos a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra Constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra de todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de Maduro», expresa.