El Grupo de Lima, constituido por países de la región para impulsar una solución política de la crisis en Venezuela, rechazó la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha asegurado que la sentencia «vulnera abiertamente la Constitución» venezolana.
En una declaración respaldada por la mayoría de los países que conforman la agrupación, el Grupo de Lima también afirma que la intervención del TSJ, que han calificado de ilegal y han asegurado desconocer, socava «las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela».
En este sentido, han reiterado que «solamente la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un CNE independiente, un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y participación política de todos los venezolanos asegurará las condiciones para la superación de la crisis venezolana».
Asimismo, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, representada por el presidente interino Juan Guaidó, han especificado que la designación del CNE «corresponde a la Asamblea Nacional», que han valorado como «órgano legítimo y democráticamente electo, de conformidad con la Constitución de Venezuela».
El TSJ del régimen anunció el viernes la designación de Indira Alfonzo como presidenta del CNE. Junto a Alfonzo también se designó al resto de rectores principales y suplentes del CNE.