Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, advirtió el martes que el gobierno de Nicolás Maduro pretende eludir la competencia de la Corte Penal Internacional, que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con una reforma judicial, que calificó de inexistente.
«Esta pretendida reforma del sistema de administración de justicia no tiene ningún objetivo distinto a pretender eludir con ello la competencia de la Corte Penal Internacional. No nos caigamos a engaños, no pretendamos que se resolverá la administración de justicia en el país con un maquillaje de cambio de magistrados. No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder», afirmó la parlamentaria durante una sesión virtual.
Presos políticos y sin sanciones
Dijo que en el país hay 300 presos políticos y recordó que son inexistentes tanto las sanciones para los responsables directos de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como el proceso adelantado por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional electa en 2020
«La inexistencia de un Poder Judicial independiente marca la falta del debido proceso, la ausencia absoluta de este derecho humano y, asimismo, destacan cosas que son importantísimas. Una de ellas tiene que ver con la denegación de la obligación que tiene el sistema de garantizar el derecho a la defensa de las personas», manifestó.
Señaló que el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela expresa que en el país no se garantiza la defensa legal, que los jueces y los fiscales del Ministerio Público reciben constantes presiones de las altas autoridades para tomar decisiones que no están apegadas al derecho. «Que no solamente el propio Tribunal Supremo de Justicia írrito ejerce presiones sobre los jueces y fiscales de instancia y sobre los circuitos judiciales penales de todo el país, sino que incluso reciben de manera constante llamadas externas de dirigentes políticos del partido de la usurpación para que se tomen decisiones», añadió.
Persecución constante contra opositores
La diputada afirmó que existe una persecución constante contra personas y dirigentes de la oposición que se atreven a enfrentar y denunciar al gobierno chavista. Enfatizó que no puede haber un sistema de justicia independiente mientras en el ejercicio del poder esté «un régimen dictatorial» caracterizado por la ausencia de separación de poderes y por «el secuestro» de todos ellos para ponerlos al servicio de la llamada revolución bolivariana.
«Es impensable que se admita que una supuesta reforma del Poder Judicial bajo la égida del régimen de Maduro tenga verdaderamente la posibilidad de generar un sistema de justicia independiente porque, en efecto, sabemos también que la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación seria, fundamentada en pruebas fehacientes, contra la dictadura por la comisión de crímenes de lesa humanidad y hemos explicado que la competencia de la CPI tiene carácter supletorio, esto quiere decir que actúa cuando no existe posibilidad real de hacer justicia en Venezuela», expresó.
Preocupación en la CIDH
El 18 de enero pasado la Asamblea Nacional de 2020 aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que redujo de 32 a 20 el número de magistrados integrantes del TSJ, sin prohibir la reelección de quienes tengan períodos próximos a finalizar. Además, cambió la composición del comité de postulaciones de personas que aspiran a ser magistrados del TSJ, estableciendo que su mayoría estará integrada por diputados en lugar de otros sectores de la sociedad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó asimismo, el 17 de febrero, su preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Instó al Estado a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial venezolano.
«La CIDH coincide con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela cuando señala que ‘el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos’. En este sentido, insta a que se adopten reformas verdaderamente comprometidas con la consolidación de la independencia del TSJ respecto del Poder Ejecutivo y la reconstrucción de un sistema de pesos y contrapesos», expresó.
«Un paso prometedor»
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el 17 de marzo una actualización sobre la situación de Venezuela. Afirmó que la reforma judicial «es un paso prometedor» que conduciría a una transformación institucional y reconoció que en los últimos seis meses ha habido iniciativas que abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones.
AFP
«Este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial de Venezuela», manifestó la expresidenta chilena durante la actualización oral del informe sobre los derechos humanos en Venezuela.
Instó a las autoridades de Venezuela a que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesionales de los candidatos en el proceso de selección. Las reformas policiales y judiciales, afirmó, deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan.
«Aparentar y engañar»
El exmagistrado Perkins Rocha dijo recientemente a El Nacional que el gobierno de Maduro necesita demostrar que no hace falta la Corte Penal Internacional porque están respondiendo a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en su contra. «Dentro de esa estrategia se inserta esta reforma del TSJ para aparentar y engañar al fiscal Karim Khan y a la CPI que en Venezuela, con motivo de su visita, se abrió un proceso de reinstitucionalización de la justicia», señaló.
El abogado Joel García afirmó, también a este diario, que el régimen pretende garantizar la impunidad en Venezuela. Puntualizó que, aunque Maduro salga del poder, el Tribunal Supremo de Justicia que se conforme regirá durante 12 años. «Es una puesta en escena y una vulgar estafa para que la CPI caiga en el error de pensar que estamos depurando nuestra justicia», afirmó.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia cuestionó el control político que el chavismo tiene desde hace dos décadas para la designación de los magistrados. Expresó que, con sus acciones, las autoridades de Venezuela dejaron claro que nunca tuvieron intenciones reales de avanzar en la recuperación de la autonomía del TSJ y que desea seguir ejerciendo el control político sobre las designaciones.
«No podemos olvidar que la cooptación de este organismo por parte del partido en el gobierno ha permitido a su vez la colonización del sistema de justicia», advirtió la ONG.