El gobierno de Nicolás Maduro vinculó este miércoles a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con «crímenes contra el orden constitucional», entre ellos supuestos planes de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
«La Plataforma Unitaria actúa como una sociedad de cómplices y creen los cabecillas que, confundiendo a la opinión pública, van a tapar su corresponsabilidad en estos crímenes contra el orden constitucional», escribió en X el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.
El funcionario dijo que en la plataforma opositora —con la que el gobierno firmó, en octubre pasado, un acuerdo con garantías electorales de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio— «hacen parte del pacto de los apellidos y prueba de ello es que jamás han repudiado el asalto a los cuarteles militares ni la ejecución de planes magnicidas».
En los últimos meses, autoridades se han referido a políticos miembros de partidos que integran la PUD como «los apellidos», entre ellos María Corina Machado, ganadora de las primarias celebradas en octubre, con lo que se convirtió en la candidata presidencial de este sector opositor, aunque está inhabilitada para competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036.
Ñáñez agregó: «Defenderemos la paz y tengan la seguridad de que habrá justicia».
Con este mensaje, el ministro respondió a una publicación de la PUD en X en la que alertó de la «pretensión» del gobierno de «continuar la persecución» contra «las fuerzas democráticas», luego de que el jefe de Estado calificara al partido Vente Venezuela (VV) —integrante de la coalición y liderado por Machado— como «terrorista».
Según dijo este martes el Ejecutivo chavista, varios «intentos de magnicidios y desestabilización» han sido «desmantelados en las últimas semanas, incluida la intentona» del lunes, cuando «un extremista de la organización Vente Venezuela fue detenido con armas dispuesto a atentar contra la vida del presidente».
El partido de Machado rechazó «categóricamente» esa «infundada acusación», que considera una «nueva arremetida emprendida por el régimen para justificar más persecución y detenciones» contra los que han «asumido el derecho de exigir los cambios democráticos que hoy piden los ciudadanos mayoritariamente para el país».