El gobierno de Nicolás Maduro usa los medios de comunicación afines al chavismo y las redes sociales para desinformar y manipular la información relacionada con el proceso sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional -CPI-. La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón dijo que las autoridades venezolanas revictimizan a quienes han sufrido crímenes contra los derechos humanos y causan desesperación.
En un documento emitido el 4 de mayo por la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal se comunicó que no otorgará a Venezuela la autorización para responder al informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS), que documentó casi 10.000 testimonios de personas que apoyan la continuidad de las investigaciones.
“El informe transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. La Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, añadió la instancia internacional.
¿No existen víctimas?
La Cancillería de Maduro aseguró en un comunicado que con ese anuncio se “confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso: no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.
Esa información está tergiversada y tuvo eco en medios de línea oficialista como Últimas Noticias y Venezuela News. Y, ante esa situación, la organización aclaró:
“La Corte Penal Internacional no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Lo que ha hecho es proteger, como es su deber, a las miles de víctimas que hicieron observaciones a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI”, dijo Justicia, Encuentro y Perdón en Twitter.
La ONG pidió verificar las fuentes de información, consultar con expertos en el tema y no hacer eco de informaciones que desde canales oficiales burlan la verdad.
Con la determinación del fiscal Karim Khan de avanzar en el caso de Venezuela, el régimen de Maduro ha mostrado en las últimas semanas un particular interés en dilatar o frenar el proceso. Recientemente, Jorge Rodríguez condicionó las negociaciones en México con la oposición venezolana con el cese de las investigaciones.
En defensa de esa exigencia, Rodríguez justificó en el programa Con Maduro + que el proceso que lleva el fiscal afecta a los “líderes más importantes” del chavismo, dejando así a un lado la importancia de la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el país.
Casi 10.000 testimonios
Pero esa exigencia no es genuina. La hicieron luego de que la Corte Penal Internacional recibió los testimonios de cerca de 8.900 víctimas en el proceso de consultas para reanudar la investigación.
Las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia y Provea advirtieron que las personas alegaron que el gobierno de Nicolás Maduro no está dispuesto a investigar ni a juzgar los delitos que habrían cometido autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los colectivos afectos a la revolución bolivariana.
Indicaron que la CPI recibió reportes de casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física. Además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
En el chavismo han acusado a Khan de “perseguir jurídicamente” a Venezuela.