VENEZUELA

Gobierno de Maduro detuvo a más de 15.800 personas en los últimos 9 años

por El Nacional El Nacional

Un reporte reciente del Foro Penal reveló que el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a 15.812 personas por motivos políticos en Venezuela desde 2014 hasta 2023. Esta cantidad ilustra la persistente represión y persecución contra aquellos que disienten del régimen socialista o se oponen a sus políticas.

Durante 2023, se observó un aumento significativo en el número de arrestos políticos, con 20 personas, ubicándose enero y febrero como los meses con mayor incidencia de detenciones, señaló la organización.

El incremento refleja la intensificación de la represión de las autoridades venezolanas contra la disidencia política.

257 presos políticos en 2023

La situación de los presos políticos en Venezuela es especialmente preocupante. Al cierre de 2023, el Foro Penal registró un total de 257 presos políticos en el país, de los cuales más de la mitad eran militares. Esto sugiere utilización del sistema judicial para silenciar a aquellos que critican al gobierno o participan en actividades opositoras.

Las excarcelaciones ocurridas en diciembre, incluida la liberación de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses, evidencian una dinámica compleja de negociación política entre el gobierno de Maduro y otras naciones, como Estados Unidos.

Estas liberaciones, aunque representan un alivio para los afectados y sus familias, también subrayan la volatilidad y la opacidad de los procesos políticos en Venezuela.

Los informes emitidos por organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y el Comité de Derechos Humanos de la ONU son contundentes en sus conclusiones, destaca la organización.

Allí se denuncian los patrones sistemáticos de detención arbitraria y la violación generalizada de los derechos humanos en el país. Además, instan al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas urgentes para poner fin a esas prácticas y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos