En una comunicación enviada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Nicolás Maduro busca impedir la participación de las víctimas en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El documento, con fecha del 10 de noviembre, fue enviado por el Estado venezolano en respuesta a la solicitud del fiscal Karim Khan pidiendo autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para retomar la investigación.
El gobierno de Maduro se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes, pidiendo que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI y limitados solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI.
Esto quiere decir que ni las víctimas ni sus representantes podrían presentar directamente sus puntos de vista y peticiones, ni tampoco incorporar nuevas evidencias sobre otros casos que puedan ampliar el expediente sobre Venezuela.
En la comunicación, el Estado venezolano también pide a los jueces de la CPI que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que son los países parte que remitieron la situación.
Por último, el gobierno de Maduro se opone a la solicitud del fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación. Pide mayores plazos para responder, y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.
La ONG Provea advirtió que este nuevo documento forma parte de la estrategia dilatoria del gobierno de Maduro para mantener paralizadas las facultades investigativas del fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible.
«Esta comunicación ratifica el desprecio de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia, así como su escasa voluntad de cumplir genuinamente con el principio de complementariedad», agregó Provea en Twitter.