#ÚLTIMAHORA Tengo información de que el régimen está confiscando la casa de Miguel Henrique Otero en Los Chorros, Caracas.
Miguel Henrique Otero es el presidente editor de El Nacional y está en el exilio.
A través de una nota, El Nacional aclaró que la mencionada vivienda en Los Chorros (Gran Caracas) no es realmente de Otero ni tampoco es una propiedad del diario El Nacional. Sin embargo, sí hay una vinculación familiar entre su propietario (Marcos Jurado-Blanco) y Otero. Y al parecer, el desalojo sí está relacionado con la indemnización ordenada por el TSJ contra El Nacional.
Marcos Jurado-Blanco es cuñado de Otero, como hermano de la esposa de este último, Antonieta Jurado-Blanco (que en enero de 2024 desmintió su presunta detención por parte de cuerpos de seguridad de Venezuela).
El desalojo se produjo en la noche del martes 7 de enero.
Según Marcos Jurado-Blanco, la orden de embargo fue emitida por el tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso, hermana de Elvis Amoroso.
Aunque no se le dejó ver el expediente completo, Jurado-Blanco constató que el embargo presuntamente está relacionado con la indemnización ganada por Diosdado Cabello a El Nacional en 2021 y parcialmente ejecutada en 2022 con la toma de la sede del medio de comunicación digital por parte de cuerpos armados.
En la nota de El Nacional (con fecha del 08/01/2025) se detalla:
(Marcos) Jurado-Blanco indicó que consignó un escrito aclaratorio en el que enfatiza que la vivienda desalojada “no pertenece a Miguel Henrique Otero ni al diario El Nacional”, y subraya que ambas partes “jamás han tenido participación accionaria alguna en el inmueble”. El abogado destaca que la propiedad está debidamente registrada a su nombre de su empresa y consta en el Registro Nacional.
Asimismo precisó que no existe ningún fundamento jurídico para vincularlo o condenarlo por el hecho de ser hermano de Antonieta Jurado-Blanco y cuñado de Miguel Henrique Otero, y lamenta que “pareciera que en este país se han desatado todos los demonios” (…).
“Veo cómo las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales atraviesan una crisis, permitiendo acciones al margen de la ley, amenazas y procedimientos irregulares proliferen sin un control efectivo”.
Jurado-Blanco se describió como una persona de tercera edad y con quebrantos de salud, y calificó la medida de “arbitraria y violenta”. Aseguró que no se le permitió retirar sus bienes personales.
La medida de desalojo se materializa en la misma semana en la que está fijada la toma de posesión de Nicolás Maduro, en medio de protestas de la oposición (que desconoce el veredicto de las elecciones del 28-J validado por el TSJ) y de decenas de detenciones arbitrarias contra ciudadanos venezolanos (entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez y el defensor de derechos humanos Carlos Correa) y también presuntos «mercenarios» extranjeros, según la versión oficial.