La ONG Foro por la Vida difundió un comunicado en sus redes sociales este miércoles para «exigir la liberación inmediata e incondicional» del activiata pro derechos humanos Gabriel Blanco, preso político del gobierno de Nicolás Maduro.
Foro por la Vida, que se dedica a la promoción, investigación y defensa de los derechos humanos en Venezuela, recordó la detención del activista y exsindicalista de 45 años de edad, que hasta el 6 de julio se desempeñaba como gestor de casos de mujeres víctimas de violencia de género para HIAS, una organización judía global que protege al refugiado cuya vida se encuentra en peligro.
El 7 de julio en la madrugada, agentes de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Gabriel Blanco en Caracas.
El activista pro derechos humanos es acusado de los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, establecidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según la orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas.
Los oficiales de la PNB indicaron entonces que el trabajador de HIAS debía acompañarlos a la sede central de ese organismo para una entrevista, pero no mostraron documento que avalara que Blanco estuviera involucrado en alguna investigación en curso.
Ante esa situación, Blanco se negó a acompañarlos y sus vecinos salieron a resguardarlo. Pero los agentes policiales retuvieron su teléfono celular y su cédula de identidad.
Antecedentes sobre la detención de Gabriel Blanco
Un equipo de Provea se trasladó a la vivienda del activista de HIAS para asistirlo legalmente e impedir que se concretara la detención. También solicitaron la presencia de fiscales del Ministerio Público en el sitio para garantizar el respeto a la integridad y al debido proceso de Blanco.
Funcionarios de la Dgcim alegaron que la orden de aprehensión estaba en camino, lo que prolongó la tensión durante más de seis horas. Al lugar se presentaron casi 50 agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la PNB. El 7 de julio en la madrugada, Gabriel Blanco fue privado de libertad.
Desde ese momento ONG se han manifestado al respecto. El 19 de julio grupos de derechos humanos de Venezuela y más de 40 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, intervenir y revisar las causas judiciales de seis dirigentes sindicales detenidos en los primeros días de julio, entre ellos Blanco.
El grupo protestó ante la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, y entregó una carta dirigida a Ruiz en la que le solicitan una «actuación decisiva» de su despacho para «constatar, de primera mano, tanto la insustancialidad de su imputación, como las graves violaciones a los derechos humanos contra ellos cometidas».
En el documento, rechazan las detenciones «arbitrarias» de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, a quienes identifican como «activistas sociales vinculados a las luchas sindicales» que han encabezado protestas en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) «que afecta las contrataciones colectivas».