La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este jueves que 1.905 personas siguen encarceladas, la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un resultado señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.
De acuerdo con las cifras publicadas en X por la ONG, 1.660 presos son hombres y 245 son mujeres. Además, hay 1.742 civiles y 63 militares.
El Foro Penal precisó que 1.863 son adultos y 42 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Hasta la fecha, 149 personas han sido condenadas.
Desde 2014 se han registrado 18.061 detenciones por razones políticas en Venezuela. Mientras que más de 14.000 personas que fueron asistidas por Foro Penal han sido excarceladas.
La cifra de personas que aún se encuentran sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad supera las 9.000.
La lista fue enviada a la Organización de Estados Americanos para su verificación y certificación.
Familiares de presos políticos piden dialogar con Maduro
Un grupo de familiares de los presos políticos en Venezuela pidió el lunes, durante una vigilia en Caracas, dialogar con Nicolás Maduro para «lograr justicia», así como poder pasar la Navidad con sus seres queridos.
«Presidente, seguimos convocándolo al diálogo sincero para lograr justicia para todos nuestros detenidos, queremos una Navidad sin nuestras hijas e hijos presos«, señaló Theany Urbina, una de las madres durante la vigilia a las afueras del Ministerio Público, tras leer una carta dirigida a Maduro.
Organizaciones internacionales han exigido la libertad de todos los presos políticos, pues defienden el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Sin embargo, en el país se desató una ola de persecución contra aquellos que manifestaron ideales contrarios al gobierno de Maduro.
Quienes están encarcelados enfrentan violaciones de sus derechos humanos debido a las condiciones en las que se encuentran o los tratos que reciben de funcionarios de seguridad.