En Venezuela hay 113 presos políticos, de un total de 288, que tienen más de tres años detenidos sin condena, denunció este lunes la ONG Foro Penal, que -aseguró- ha entregado una lista con los nombres de estos privados de libertad a la Corte Penal Internacional (CPI).
«Esto es gravísimo, esta lista la tiene la Corte Penal Internacional, cuya investigación se reabrió y está llevándose a cabo, 113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena, muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial», dijo el presidente de la organización, Alfredo Romero, en una rueda de prensa.
El abogado indicó que según la más reciente actualización del monitoreo de la ONG, la mayoría de los presos políticos son militares, quienes suman 155, por lo que los 133 restantes son civiles.
Señaló que desde 2014 Foro Penal ha registrado 15.791 personas que han «pasado por la prisión política, y 9.415 se encuentran bajo medidas cautelares. Es decir, todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad».
Al menos 50 presos políticos tienen problemas de salud
Romero afirmó que «11 personas han fallecido en custodia del Estado desde 2014 y 875 civiles han sido presentados ante tribunales militares».
Aal menos 50 presos políticos tienen algún problema de salud, de acuerdo con la organización, entre ellos el general Héctor Hernández Da Costa -condenado a 16 años de cárcel por el caso del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018-, cuya esposa, Lili Barboza, denunció este lunes que su estado es muy delicado.
Aseguró que el militar, en «injusta prisión a pesar de ser inocente, sufre una cardiopatía congénita y presenta un cuadro muy delicado por diabetes. Además de padecer otra serie de patologías que ha sufrido durante los cinco años de prisión».
El Foro Penal aseguró que todo lo que está pasando en Venezuela está bajo la lupa de la CPI, y agregó que la apelación del chavismo a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte internacional no detiene la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.