La Fiscalía española se opuso este martes 27 de octubre a que la Justicia investigue al ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid el pasado 20 de enero, que generó una fuerte polémica política en España.
El ministerio pidió al Tribunal Supremo que no tramite, por falta de indicios suficientes, las querellas presentadas por los partidos Laócrata y Vox, que le atribuyen un delito de prevaricación.
Rodríguez y altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, tienen prohibido, por la Unión Europea, la entrada y tránsito en la zona comunitaria de libre circulación Schengen, de la que España forma parte.
El pasado enero, medios españoles publicaron que Rodríguez había estado en el aeropuerto madrileño durante una escala y que se había entrevistado con Ábalos, días antes de la llegada del presidente interino Juan Guaidó a ese país. El asunto causó gran revuelo mediático y político.
El ministro español, que también es el número dos del gobernante Partido Socialista, explicó que no fue una reunión, sino un encuentro de 20 o 25 minutos para saludarla dentro del avión, mientras que el Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez, insistió en que Rodríguez no entró a España.
Los dos partidos denunciantes aseguran que Ábalos autorizó a vicepresidenta del régimen para que atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el aeropuerto, pese a que tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo.
Sin embargo, la Fiscalía argumenta que las querellas están basadas exclusivamente en artículos de prensa y en la declaración notarial de un empleado en el aeropuerto que ni siquiera especifica su puesto laboral, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados.
Respecto a la prevaricación, insiste en que los denunciantes no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación en la decisión que cuestionan.
Por todo ello, el Ministerio Público solicita el archivo de las diligencias, sin perjuicio de las investigaciones, de un juzgado de Madrid donde Laócrata, Vox y el conservador Partido Popular también presentaron sendas denuncias.
La oposición de conservadores y liberales habían solicitado una comisión parlamentaria de investigación, pero la mayoría de los grupos, con el Partido Socialista y Unidas Podemos a la cabeza, que gobiernan en coalición, se opusieron.