La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este martes 7 de noviembre los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, durante una audiencia convocada por la Sala de Apelaciones.
En respuesta al recurso presentado por el gobierno de Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan a continuar la investigación en Venezuela, la Sala de Apelaciones convocó hace varios meses a dos audiencias, este 7 y 8 de noviembre, en las que participa representación de oficialismo y de las víctimas venezolanas.
La Sala de Apelaciones estuvo integrada hoy por el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente; el magistrado Piotr Hofmański; la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el magistrado Solomy Balungi Bossa; y el magistrado Gocha Lordkipanidze.
Mientras que en representación del gobierno de Maduro acudieron el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Perrin de Brichambaut dio inicio a la audiencia poniendo en contexto el caso de Venezuela y solicitando a las partes evitar referirse a información clasificada de la investigación, debido al carácter público de la sesión.
Argumentos del gobierno de Maduro
Emmerson, por el gobierno de Maduro, argumentó ante la CPI que «el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no ha sido respetado».
También señaló que la Sala de Cuestiones Preliminares no dio a Venezuela información sobre edad, fecha, ubicaciones específicas de los incidentes, ni el número aproximado de las víctimas o el grupo, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes.
«Es imposible que un Estado dé una notificación efectiva o pedir un aplazamiento, cuando la Fiscalía solo ha dado una lista de crímenes de los que se sospecha. No se han notificado los crímenes que se pretende investigar», afirmó Emmerson.
Además, el abogado afirmó que la decisión de continuación con la investigación en Venezuela se basó solo en especulaciones.
Fiscalía de la CPI expresó su desacuerdo
Para responder a los señalamientos del gobierno de Maduro, la representación de la Fiscalía de la CPI explicó que el organismo no tiene porque identificar los actos criminales específicos que se pretenden investigar.
«Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar», indicó el organismo.
La representante de la Fiscalía también señaló que la notificación que se hizo al Estado venezolano no tiene como objetivo ser un vehículo para que el gobierno de Maduro pueda disputar los crímenes presuntos ocurridos, como asegura se ha hecho.
«El objetivo de la notficación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades», indicó.
Asimismo, precisó que el artículo 18-1 y 18-2 y en la regla 52-1 del Estatuto de Roma le da a la Fiscalía «una flexibilidad adecuada sobre el grado de detalle que debe darse, basado en las circunstancias de la situación y basado en las obligaciones estatutarias de la Fiscalía para proteger a las víctimas y a los testigos».
También desmintió el argumento del régimen de que la notificación se basaba en especulaciones, al explicar que «no se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a lo que podía responder Venezuela, e incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsable, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron y también toda una serie de actos contextuales y parámetos que también incluían bastantes casos que tenían que ver con personas en detención, en privación de libertad».
«Venezuela no está investigando los crímenes»
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI respaldó la posición de la Fiscalía de que su notificación no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación.
«Las Salas han considerado reiteradamente que antes del inicio de una investigación es imposible definir los parámetros específicos de un caso e identificar a los sospechosos para ser imputados (…) Durante la investigación, cuando se recopila la evidencia, entonces el fiscal definirá crímenes y acusados específicos. Esperar otra cosa es empezar la casa por el tejado», sostuvo la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, Paolina Massidda.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza preguntó a la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI cuál es la posición de las víctimas sobre las afirmaciones de que el Estado venezolano no está llevando a cabo investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad.
«La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos», sostuvo Massidda, aclarando que en la audiencia del miércoles profundizará sobre este aspecto.
Perrin de Brichambaut también destacó que «las víctimas han presentado escrituras que son documentos muy sustanciales, muy densos, que tendrá en cuenta esta Sala en sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente».
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