La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación y solicitará que víctimas de crímenes de lesa humanidad o sus representantes legales formulen sus observaciones.
Así lo indica una comunicación del fiscal Karim Khan a los jueces de la Sala de Asuntos Preliminares I del Tribunal de La Haya, donde destaca que se ha tratado de “mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá”.
El texto señala que el gobierno no adjuntó ningún material de respaldo en su solicitud de aplazamiento y, en cambio, “se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020”.
La Fiscalía, continúa el comunicado, dio a conocer a las autoridades venezolanas su entendimiento de que una evaluación debe hacerse “sobre la base de los hechos tal y como están actualmente”.
Añade: “La evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro”.
El mes pasado Khan informó que la corte abrirá una oficina en Venezuela tras un acuerdo con el gobierno en reuniones privadas.
“Hemos tenido unos intercambios constructivos. Hemos acordado que mi Fiscalía podrá abrir una oficina en Caracas. Es un paso importante y significativo para cumplir con el estatuto de Roma”, dijo el abogado.
Agregó: “Acordamos reuniones de trabajo entre miembros técnicos de mi oficina y grupo de su gobierno. Y logramos un consenso, ya que la Fiscalía podrá trabajar con organizaciones internacionales en el país”.
Hace dos semanas el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, aseguró que en el país “no hace falta” una investigación de la CPI, lo cual, subrayó, va a ser demostrado.
“Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar”, expresó el funcionario en la presentación de su memoria y cuenta ante el Parlamento.
“En Venezuela las violaciones de derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí, en buena lid y con todos los sacrificios, está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia”, insistió.