Dos tenientes de la Fuerza Armada venezolana fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio del capitán Rafael Acosta Arévalo, que estaba preso tras ser acusado de golpista por el régimen de Nicolás Maduro, informó este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.
En una declaración a los medios, Saab afirmó que la Fiscalía solicitó el martes pasado esa imputación de Ascanio Tarascio y Esteben José Zárate Soto, ambos con rango de teniente, y aclaró que una primera imputación había sido negada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según detalló, la Sala de Casación Penal del TSJ «decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado» el Ministerio Público contra Tarascio y Zárate, ambos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.
La prensa venezolana informó que el capitán fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim sin que se indicaran entonces los motivos.
Poco antes de que Saab compareciera ante la prensa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) había celebrado a través de su cuenta de Twitter la imputación de los dos agentes como «un paso en la dirección correcta en la lucha contra la tortura».
«Investigaciones de rigor»
Después de la publicación de ese mensaje, Saab confirmó que, el 28 de junio de 2019, Acosta Arévalo cayó en «un estado grave de salud» mientras «se llevaba a cabo una audiencia de presentación de cargos» en el cuartel de Fuerte Tiuna en Caracas. Posteriormente fue traslado a un hospital militar, donde falleció.
Tras la muerte del oficial, según los detalles facilitados este viernes por Saab, «se hicieron investigaciones de rigor» y fueron detenidos los dos militares.
Una misión internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó en septiembre pasado a Nicolás Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.
El informe sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizadas.
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