El fiscal general de la república, Tarek William Saab, confirmó este domingo la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y la acusó de estar vinculada con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.
En un mensaje publicado en X, Saab señaló que había una orden de aprehensión en contra de la activista por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada «Brazalete Blanco», cuyo objetivo era atentar contra la vida del jefe de Estado y otros altos funcionarios.
Dijo que esta trama también pretendía llevar a cabo el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal, estado Tachira, y en otras entidades del país.
el Ministerio Público #informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada…
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 11, 2024
«Dichas investigaciones continúan su curso. Se están recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país», escribió el funcionarioen la red social.
La defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida el viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.
Reacción nacional e internacional
Diversos organismos nacionales e internacionales, así como personalidades del mundo político rechazaron la detención de la activista de DDHH.
El Frente Amplio de Mujeres rechazó contundentemente la detención arbitraria y desaparición de la activista, de quien exigió de inmediato fe de vida, y alertó a la comunidad internacional de esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial, prevista para este año, aunque aún sin fecha definida.
Las organizaciones Una Ventana a la Libertad (UVL), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis también rechazaron, a través de mensajes en X, la detención de la activista.
La ONG Foro Venezolano de Política Exterior (FVPE) manifestó su preocupación por el paradero de San Miguel. “Este acto refleja la persecución sistemática del régimen en contra de la sociedad civil”, dijo.
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