Un funcionario de alto rango del régimen de Nicolás Maduro contrató a una firma legal estadounidense para que lo ayudara a tratar de levantar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la marca rompió relaciones con su cliente porque la señalaron de trabajar para un dictador.
Foley & Lardner acordó representar al procurador general de Maduro, Reinaldo Muñoz, por una cifra de 12,5 millones de dólares, de acuerdo con The Associated Press.
La firma, que tiene oficinas en Washington, a su vez pagó 2 millones de dólares para contratar al influyente cabildero Robert Stryk, quien buscaría entablar conversaciones directas con el gobierno de Estados Unidos. Además, también serviría de enlace con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias relacionadas con las sanciones contra Maduro.
Esta dijo que recibió un poco más de 3 millones de dólares en pagos iniciales a nombre de Muñoz. El dinero proviene al parecer de dos compañías registradas en Hong Kong.
Cuando el senador republicano Rick Scott se enteró del trato, inmediatamente envió una carta a la firma legal. En el documento le informó que exhortaría a sus colegas del Senado a boicotear a Foley & Lardner hasta que rompiera lazos con el régimen del «dictador» Maduro.
Fuentes vinculadas con el caso y consultadas por AP, aseguraron que tras recibir la carta de Scott la firma decidió romper el trato.
«Espero que estos últimos días sirvan como lección para cualquier otra firma de cabildeo, consultores u organizaciones. Si apoyas a Maduro y su pandilla de rufianes, no me quedaré callado«, dijo Scott en un comunicado enviado por correo electrónico a AP.
La agencia de noticias también conversó con un funcionario venezolano que aseguró que pese a este hecho, el régimen seguirá insistiendo en buscar un diálogo con el gobierno de Trump.
¿Quién es el cabildero Robert Stryk?
Stryk es un vinicultor y ex asesor republicano que perdió una elección para ser alcalde en Yountville, California. También es uno de los cabilderos más importantes en Washington en la era de Trump.
Fue asesor voluntario en la campaña del mandatario en la costa occidental de Estados Unidos. Su firma, el Sonoran Policy Group, no realizó labores de cabildeo de 2013 a 2016. Pero desde principios de 2017 le ha cobrado más de 10,5 millones de dólares a clientes extranjeros.
Muchos de los clientes tienen mala reputación en Washington o enfrentan sanciones estadounidenses. Ejemplos de ello son los gobiernos de Somalia, de la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudí, que firmó un contrato por 5,4 millones de dólares en mayo de 2017.