Unas 25 ONG venezolanas, agrupadas en la plataforma Ruta Verde, intensifican su lucha por legalizar el aborto con la recogida contrarreloj de 21.000 firmas que deben adjuntar al proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos que llevarán al Parlamento, que deberá debatir si avanza hasta convertirse en normativa.
La plataforma pretende que exista una educación sexual y reproductiva que aporte conocimientos sobre métodos anticonceptivos, sobre el aborto en los diferentes supuestos y las opciones que la mujer tiene para enfrentarse a embarazos no deseados.
«La ley básicamente propone todo lo que tiene que ver con nuestra consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir», explicó a Efe Laura Cano, miembro de la ONG Tinta Violeta, que forma parte de la Ruta Verde.
La propuesta contempla la eliminación de los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal, en el que se aplican condenas de prisión entre 2 y hasta 30 años.
«Venezuela es uno de los países de la región con mayores restricciones. Solamente existe en nuestro marco legal (…) que la mujer puede abortar por (la) causal (de) cuando se ve afectada la vida; sin embargo, no existen ni protocolos médicos», agregó la activista.
Tres mujeres recolectan firmas con las que se busca luchar por legalizar el aborto. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
«Invisibilidad»
La miembro fundadora de Tinta Violeta Daniella Inojosa explicó a Efe que hay una «invisibilidad» de los derechos sexuales y reproductivos, y la salud sexual no incluye la educación o la planificación familiar.
«Creemos que estamos un poquito atrás, no tenemos una ley de educación sexual, ni de derechos sexuales y reproductivos, no están dentro de la Constitución reconocidos como derechos explícitamente, aunque sí están intrínsecos», señaló Inojosa.
Por eso considera que si se aprueba la propuesta, estos derechos, entre los que se incluye la interrupción del embarazo, estarán en el sistema legal de una forma taxativa.
Según la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en 2004 un equipo del Tribunal Supremo presentó al Legislativo un proyecto de un nuevo Código Penal que planteaba que solo se penalizara el aborto si era practicado sin consentimiento de la mujer, el que si hiciera de forma extemporánea y el realizado por personal ajeno a la medicina.
Esa y otras propuestas que se han hecho a lo largo del tiempo no han contado con aprobación, pero hasta la fecha el Código Penal mantiene la penalización a esta práctica.
Una mujer conversa con un hombre mientras intenta recolectar firmas con las que busca luchar por legalizar el aborto. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La educación fundamental
La directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex), Suzany González, dijo a Efe que existen elementos culturales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
González afirmó que despenalizar el aborto no es un hecho aislado y que nada se logrará si no se incluye la educación sexual integral en las escuelas, universidades o en cualquier entorno de socialización del conocimiento, como redes sociales o medios de comunicación.
«Nada vamos a hacer si no tenemos una gran política en materia de planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva. El aborto legal debería ser una consecuencia de todas estas acciones», indicó.
Recordó que no es posible medir la cantidad de mujeres que se practican un aborto inseguro o las que mueren a causa de ello en el país, porque al estar penalizado se registra como una asepsia o hemorragia porque «a lo mejor, el personal médico no se quiere meter en líos».
Una mujer recolecta firmas con las que se busca luchar por legalizar el aborto. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez