La Fundación Martin Ennals reconoce, con la entrega de un galardón al venezolano Feliciano Reyna, que los activistas y organizaciones de derechos humanos trabajan en un contexto de enormes desafíos en Venezuela. El fundador y presidente de Acción Solidaria, una ONG que defiende los derechos de las personas con VIH-SIDA, recuerda que los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela demuestran que en el país existe extrema vulnerabilidad.
Reyna, con cerca de 30 años en el activismo, afirmó a El Nacional que se trata de un reconocimiento para la acción colectiva en un contexto estructural de vulneración que requiere de la visibilización y del apoyo de la comunidad internacional ante situaciones como las detenciones arbitrarias, los casos de torturas y tratos crueles y las ejecuciones extrajudiciales. Además de la transgresión de los derechos socioeconómicos y ambientales.
«Las respuestas, cuando son de signo represivo, no generan ningún cambio para el bien de la población y, por el contrario, contribuyen a perpetuar los desafíos, las dificultades y las situaciones que significan violaciones de derechos humanos», expresó.
Foto AFP
El premio Martin Ennals, considerado el «Nobel de los derechos humanos», lo recibirá este jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, en momentos en los que el régimen de Nicolás Maduro atenta nuevamente contra las organizaciones no gubernamentales. La Asamblea Nacional electa en 2020 pretende ahora aprobar una ley para restringir el derecho de asociación y así fiscalizar su actuación y financiamiento bajo el argumento de que la sociedad civil tiene fines políticos y participa en planes de desestabilización.
—¿Cómo ve el contraste de que mientras una organización internacional reconoce su trayectoria en Venezuela, paralelamente son criminalizadas las organizaciones civiles y los activistas en el país?
—La sociedad civil significa crear un tejido social que se apoya, se fortalece mutuamente y tiene como objetivo siempre fundamental o actuar para mitigar, impedir que haya efectos de políticas, conductas y normas estatales o gubernamentales que afecten la dignidad humana o actuar cuando se ve que hay vacíos que necesitan llenarse, en términos de esas garantías. Pensemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el colectivo LGBTIQ+, allí ha habido una labor global, en buena parte de los países occidentales y otros para que los derechos que no han existido vayan ampliándose. Entonces, también es llenar esos vacíos que, al final, tienen que ver con condiciones de vida digna para las personas. Estas acciones que también pueden llevar a interpelar y supervisar al poder, a hacerle escrutinio, a exigirle que actúe de una forma en la que se garanticen derechos, libertades, igualdad, que no se discrimine, genera molestias y, sobre todo, cuando se trata de gobiernos de corte autoritario. En lugar de gestionar, de dar respuestas a aquellas cosas que fallan, que están violentando la dignidad humana, pues, lo que hacen es descalificar, amenazar, hostigar o, incluso, llegar al punto de ilegalizar y criminalizar la acción asociada de las personas, justamente ese terreno de la sociedad civil.
—De alguna forma se reconocen las amplias carencias en Venezuela.
—Cuando hay este tipo de reconocimientos, que para mí son siempre un reconocimiento a la acción colectiva y a la posibilidad de defender los derechos de manera colectiva, se reconoce también que el contexto en el que se da ese trabajo que uno realiza es de enorme desafío, incluso en muchos lugares de muchos riesgos. Concibo este premio Martin Ennals como un reconocimiento a la acción colectiva, creo que es muy importante darle ese sentido a la recepción del premio.
Un partidario del líder opositor Juan Guaidó se enfrenta a las fuerzas de seguridad que les impiden continuar su camino hacia la Asamblea Nacional | Foto AFP
—Entender además que si se está otorgando a un defensor de derecho humanos de Venezuela es también porque el terreno es de enormes desafíos en materia de derechos humanos en Venezuela, que sigue habiendo situaciones que requieren de la atención de la comunidad internacional, que hay, como lo han destacado los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, situaciones muy graves como detenciones arbitrarias, que continúan, casos de tortura y tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y, al mismo tiempo, es reconocer que hay una situación gravísima en materia de derechos económicos, sociales, ambientales, como lo ha reflejado toda la necesidad de respuesta humanitaria. El premio, más que para una persona defensora de derechos humanos, es un reconocimiento a esa acción colectiva en un contexto estructural de vulneración de derechos humanos que requiere visibilización y apoyo de la comunidad internacional de derechos humanos.
—¿Cómo comenzó en el activismo?
—Desde el ámbito del VIH y el sida después de unos dos años de haber creado Acción Solidaria, porque inicialmente la idea era asistir a personas con VIH que no tenían acceso a tratamiento. Después fuimos entrando en un terreno en el que lo esencial era defender el derecho a la salud. Hacer incidencia para que las personas que no tenían tratamientos y que, al mismo tiempo, estaban siendo estigmatizadas, rechazadas y que no encontraban espacio para su atención, pudieran encontrarlos. Y esto lo hicimos con otras organizaciones que se habían creado antes que Acción Solidaria en Venezuela. Posteriormente, tuvimos vínculos justamente por ese activismo, por hacer protesta, porque el derecho a la salud estaba siendo vulnerado, en términos de acceso a tratamientos. Nos fuimos reuniendo con otras organizaciones para exigir esos tratamientos y de ahí nació Codevida, la Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida.
—Durante esos años, ¿cómo fue su desarrollo?
—Por los mismos tiempos tuve un acercamiento con Humberto Prado y entramos en el terreno también de las personas privadas de libertad, principalmente con VIH, con todas las dificultades de tratar el tema en el ámbito penitenciario, pero también de aquellas afectadas por otros temas de salud que requerían atención. Estos inicios en lo que se refiere a la salud y al trabajo con otras organizaciones —ampliando el alcance, actuando juntas para exigir que se garantizara el derecho a la salud, que se implementaran las políticas públicas necesarias— también nos llevó a entrar a otros espacios, y en aquel momento fue muy importante ser miembro de Sinergia y, tiempo después, en 2005, fui electo presidente de Sinergia.
Activistas de Acción Solidaria en una conferencia mundial de VIH en Barcelona, España, en 2002 | Foto @accionsolidaria
—Conocer más el espacio de la sociedad civil, cómo las personas nos organizamos y nos unimos para defender derechos, para exigir el cumplimiento de obligaciones del Estado, para hacer escrutinio de la acción de gobiernos, también en función de la protección de los derechos, y cómo el hacerlo de manera asociada y de ir enriqueciendo el tejido asociativo, hace que esa defensa de derechos pueda tener más alcance, más posibilidades de lograr los efectos que se están buscando. Y, por supuesto, también acompañar a las personas afectadas en la ausencia de esas garantías, que ya lo veníamos haciendo en el terreno de la salud, pero desde Sinergia empezamos a entrar en un terreno más amplio.
—¿De qué forma surgía la persecución?
—Cuando me tocaba estar en la presidencia de Sinergia, a partir de lo que venía ocurriendo en otros países en 2005, comenzó en Venezuela la idea de utilizar normas, legislación, para restringir el espacio de acción de asociaciones de sociedad civil, ese espacio cívico; esta idea de aprobar una ley de cooperación internacional que desde aquel entonces aparecía con aspectos muy restrictivos para el ejercicio del derecho de libertad de asociación, de manera que allí se amplía el ámbito de acción, siempre como un esfuerzo colectivo, nunca como algo personal o individual. Y creo que ahí ha estado siempre su valor: actuando juntas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se impide que haya más impacto en las restricciones al ejercicio de los derechos. Por otro lado, se evita que se avance en algunas de estas iniciativas. Lo que le da más fuerza y posibilidad es la acción colectiva. En aquel momento comenzamos a participar, por mandato de la asamblea de Sinergia, en espacios internacionales donde se discutían estos intentos de restringir el espacio cívico y se estaban ideando formas de actuar conjuntas con el apoyo de organizaciones internacionales. Aquí está una suma de momentos y de temas, siempre de articulación para esa acción colectiva.
—Es un reconocimiento a su trabajo, pero ¿cómo el régimen venezolano debe interpretarlo?
—Habiendo lugares en el mundo de enormes desafíos en materia de derechos humanos y que seamos tres personas en este momento receptoras de este premio —junto a la abogada Delphine Kemneloum Djiraibé (Chad) y el activista Khurram Parvez (India), actualmente privado de libertad—, dice justamente que la comunidad internacional entiende que hay espacios en los que la situación de derechos humanos es particularmente grave y que es necesario visibilizar y apoyar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de organizaciones en estos contextos. En nuestro caso, también organizaciones que hacemos labor humanitaria.
—¿Y la negociación?
—Con estas conversaciones que se están dando entre el gobierno venezolano y sectores distintos, no solamente el político-partidista, sino con el sector de trabajadores con la intermediación de la Organización Internacional del Trabajo, algunos que ha habido con sectores de la sociedad civil, se llega a entender que cuando la situación se torna tan desafiante, sobre todo en términos del incremento de la población en situación de vulnerabilidad, de esos reclamos que tienen que ver con la precariedad del salario, las dificultades enormes para llevar la vida cotidiana, en los espacios de trabajo, en el ámbito educativo, las personas mayores reclamando pensiones dignas, lo que uno esperaría es que se generen espacios de interlocución para dar soluciones.
Gerardo Blyde muestra una hoja del documento firmado durante la última ronda de diálogo en México entre ambas delegaciones | Foto AFP
—La negociación es una necesidad cuando hay situaciones de conflictos políticos. Es importante que sea una negociación de buena fe y que realmente pueda llevar a respuestas, sobre todo porque se espera que tengan impactos positivos.
—Lejos de soluciones, hay retaliación, persecución, amenazas.
—Las respuestas, cuando son de signo represivo, no generan ninguno de esos cambios que redundarían en bien de la población y, por el contrario, contribuyen a perpetuar los desafíos en materia de derechos humanos, las dificultades y las situaciones que significan violaciones de derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, cuando hay protestas de trabajadores de distintos ámbitos, cómo terminan en detención arbitraria y esa detención arbitraria, a su vez, en tratos crueles y casos de tortura, en lugar de gestionarlas; así que la búsqueda final, también para quienes defendemos derechos humanos, es que sea posible abrir un espacio de interlocución para resolver los problemas tan graves que aquejan a la población, y, en ese sentido, ojalá esos esfuerzos más recientes de comunicación, de diálogo, de interlocución, generen los cambios necesarios desde el punto de vista político-institucional y en términos de las garantías a los derechos sociales.
—¿Cuál es su posición ante la pretensión de profundizar el atentado contra las organizaciones no gubernamentales?
—La labor que estamos haciendo las organizaciones que tenemos programas de asistencia humanitaria y también de derechos humanos, esperaríamos que fuera valorado y que, en lugar de buscar imponer formas de restringir esas posibilidades de hacer nuestro trabajo, tal como lo dice la Constitución, se facilitara el ejercicio del derecho de la libertad de asociación en función de dar respuestas a las grandes necesidades que hay en el país.
Activistas de Acción Solidaria en una jornada en un colegio de El Hatillo sobre derechos sexuales y reproductivos, VIH y métodos de protección y prevención, en noviembre de 2021 | Fotos @accionsolidaria
—Si ante esta situación de enorme dificultad la respuesta es criminalizar, buscar cerrar el espacio, impedir que trabajemos, el daño al final es para la población en su conjunto, dado el deseo de contribuir que tenemos desde las organizaciones, nuestra vocación de apoyar a las personas más vulnerables, de atender a víctimas de violaciones a los derechos humanos, de buscar respuestas también institucionales. Si no podemos hacer nuestra labor, eso, por supuesto, es de impacto para nosotros, pero, sobre todo, lo es y lo va a ser para la población que estamos atendiendo o con quien trabajamos las distintas situaciones que generan afectaciones a los derechos humanos.
—Pese a los reclamos, el régimen no se ha detenido en su intención de criminalizar a los activistas y ONG.
—Preocupa muchísimo que ese sea el camino porque es claro que en Venezuela todavía hay una situación de vulneración de derechos humanos, sobre todo en las áreas sociales y económicas, de gran magnitud, donde hay una mayoría que vive en situación de pobreza, donde todavía hay gran necesidad, una serie de grupos que están en situación de vulnerabilidad: personas mayores, con discapacidad, poblaciones indígenas personas privadas de libertad.
—¿Cuál es el balance sobre esta situación?
—Realmente estamos hablando de un número elevadísimo de personas en esa situación de necesidad. Calculamos que cerca de 18 millones de personas se encuentran en situación de emergencia humanitaria y, por supuesto, también están las otras situaciones de violación de derechos humanos que están reflejadas en las detenciones arbitrarias, en los casos de tortura y tratos crueles, de ejecuciones extrajudiciales; así que la verdad es que viendo esa situación, con un sistema de justicia que no ofrece garantías a la población, con lo que ha sido el debilitamiento del Estado de derecho, estamos en la necesidad de que el país avance hacia una reinstitucionalización y que, al mismo tiempo, esto contribuya a dar respuesta a esas necesidades de la población y evitar que se produzcan esos hechos de violaciones de derechos humanos que han llamado la atención de órganos de protección de derechos humanos internacionales.
Foto AFP
—Cuando la mayoría de la población venezolana —casi 70%— está en condiciones de vida precarias, uno esperaría que avanzara la negociación política, que también incluye en sus acuerdos las posibilidades de generar alivio en lo social. El acuerdo social que ya está firmado, esperaría yo que avanzara bien, necesitamos todavía algunas señales más concretas de cómo va el acuerdo, pero esperamos que sea de muy pronta concreción e implementación, que sea realmente posible ver sus frutos en un plazo corto porque las necesidades son enormes. Sobre todo cuando pensamos en los temas centrales de ese acuerdo social, ya firmado, que son los ámbitos de salud, de alimentación, de educación y de servicio eléctrico, que tendría impacto seguramente en otros servicios. Más allá del acuerdo social, hay un Memorando de Entendimiento con temas esenciales que tienen que ver justamente con la institucionalidad, con el Estado de derecho y hay un área particular y de mucha importancia que es lo electoral, que haya las condiciones para el ejercicio del derecho a la participación en la vida pública, que una de sus expresiones más importantes es el ejercicio del derecho al voto. Sería muy importante y, además, puede contribuir a bajar esas presiones que todavía estamos percibiendo en la vida cotidiana en Venezuela.
—Son graves los daños causados a los jóvenes y, desde esa perspectiva y con su experiencia, ¿qué debe saber la generación que se está formando?
—Como bien dices, hay impactos diferenciados de esta situación, institucionalmente falta de Estado de derecho, de un sistema de justicia que funcione de manera independiente y autónoma, y al mismo tiempo, dada la situación de vulneración de derechos económicos y sociales, hay impactos en algunos grupos, en particular, en los jóvenes, sin ninguna duda. Hemos documentado sobre mujeres adultas, mayores, adolescentes, niñas y, ciertamente, sobre la juventud en general también hay un impacto que hay grupos que lo vienen señalando. Creo, sin embargo, y esto ha sido para mí importante en los últimos años, que allí hay respuestas porque hay vacíos y situaciones que amenazan la dignidad de la vida, las posibilidades de tener algunas condiciones para vivir mejor, para el desarrollo personal y familiar. Veo, y esto me ha animado mucho en estos años, un ingreso a organizaciones de derechos humanos, la creación de nuevas organizaciones, también de apoyo comunitario, en el ámbito humanitario, de jóvenes o un grupo muy importante de jóvenes y esto es un motivo para sentirse optimista respecto del futuro; sin negar los obstáculos enormes que tenemos por delante, sin negar las grandes dificultades que todavía seguimos viviendo. Veo allí una señal que me hace sentir optimista porque, a pesar de estos años de vivir en un contexto autoritario, hay esta aspiración de profundización de las libertades y de la institucionalidad que necesitamos para que avancemos en términos democráticos y en las garantías para el disfrute y el ejercicio de los derechos.
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