El oro venezolano está siendo saqueado a manos llenas por un consorcio controlado por Nicolás Maduro y hombres claves de su régimen. Este grupo contrabandea cientos de millones de dólares del metal precioso y entregan solo una minúscula porción a las arcas del Estado.
El diario El Nuevo Herald aseguró que fuentes familiarizadas con el caso indicaron que el consorcio cuenta con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible.
Múltiples testimonios recogidos confirman que la operación podría estar generando más de 1.500 millones de dólares al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia Maduro emerge como el principal beneficiario.
Los nombres
“Quién está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Sebin.
“Es algo sin precedentes el saqueo que ha hecho la empresa criminal que administra Maduro al frente del Estado. Es algo nunca antes visto”, agregó Figuera en una reciente entrevista realizada en Miami.
Al centro de la operación minera se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes. Sus plantas de cianuración en Bolívar procesan cerca de 80% de la producción del país, según datos del Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico.
Pero el consorcio se queda con más de dos tercios de la producción total, que luego son contrabandeados fuera del país en vez de ser depositado en el Banco Central de Venezuela. Los beneficiarios son un puñado de figuras claves del régimen que controlan la operación.
Entre los dueños de las distintas compañías que forman parte del consorcio figuran el vicepresidente Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el comandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides Torres y el empresario colombiano Alex Saab.
“Cuando llegaron, encontraron que el petróleo estaba completamente mecanizado, dominado por reglas e instrumentos de fiscalización que tenían que evadir. Eso generaba dificultades para robarse la riqueza y les tomó tiempo meter a su gente”, dijo una de las fuentes familiarizadas con la situación que habló bajo condición de anonimato.
“Con el oro es distinto, porque el oro no tiene fiscalización. Si el complejo procesa 1.000 kilos de oro, nadie las fiscaliza. Y ellos mismos se reparten el botín”, agregó.
Domingo Sifontes
Al Complejo Industrial Domingo Sifontes lo dirige Eduardo José Rivas, hombre de confianza de la familia presidencial.
Cada una de las empresas que lo conforman, Inversiones RPL, Invertrade, Corporación Petroglobal, Mipre, Inversiones Glenduard, e Inversiones Oriente, son controladas por altas figuras del régimen que reciben distintas porciones en el negocio y se han convertido en los beneficiarios directores de las operaciones de la explotación de oro.
Documentos obtenidos por El Nuevo Herald muestran que El Aissami, sancionado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, es uno de los dueños de Inversiones Glenduard. El también sancionado Benavides Torres tiene participación en Invertrade, mientras que los hijos de Cilia Flores, Walter y Yosser, tienen su tajada en Mipre.
Según estudios de la zona, cada tonelada extraída tiene un contenido mínimo de 5 gramos de oro, llegando hasta un máximo de 20.
El consorcio adelanta la construcción de nuevas y mayores plantas de cianuración con expectativas de duplicar su capacidad de producción.