ONG y familiares de asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela exigieron al fiscal general, Tarek William Saab, que se «adelanten las investigaciones de manera genuina de autores materiales y las cadenas de mando» de los responsables de estas muertes, para que haya una «justicia verdadera».
En una misiva, entregada por la Alianza de Familiares de Víctimas (Alfavic), instaron al Ministerio Público a que, «conforme al memorándum de entendimiento» entre Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI), firmado en noviembre de 2021, «se actúe con la debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes».
Familiares de víctimas protestan en Caracas por justicia | Foto: EFE
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Según la alianza de familiares, «no se conocen avances orientados a realizar investigaciones genuinas para identificar y sancionar a los responsables». Por el contrario, son «testigos y víctimas de patrones de conducta reiterados de denegación de justicia y de retardo procesal» que los «revictimizan constantemente».
De momento, «existen nueve casos» en los que, tras «seis años, no hay imputados, ni acciones ni voluntad real para determinar la responsabilidad en los asesinatos».
Dos denuncias a la impunidad
En rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, asesinado en junio de 2017 «por un guardia nacional», dijo a periodistas que exigen justicia para «todas y cada una de las víctimas de la represión».
«Hemos visto, a través de estos seis años, que no hay voluntad de hacer justicia verdadera y genuina», señaló Urbina. Afirmó que la condena dictada al asesino de su hijo, 15 años de prisión, es irrisoria. Y «no se corresponde con el tamaño del crimen cometido».
Las esperanzas de familiares, agregó, «están puestas en los organismos internacionales», a través de los que esperan conseguir la «tan anhelada justicia».
Venezolanos piden justicia al Estado por los crímenes durante protestas de 2017 | Foto: EFE
Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado a quemarropa por un agente de la fuerza pública, según confirmó en 2017 el Ministerio Público, indicó que el 90% de los casos están en absoluta impunidad.
«Ya nada nos devolverá a nuestros hijos, nada de lo que hagamos, pero nosotros seguimos luchando por ellos, seguimos levantando la voz. No vamos a descansar hasta conseguir esta justicia que se nos niega aquí en Venezuela», agregó Pernalete, para quien los «autores materiales son protegidos por el sistema de justicia».
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