Durante el foro “Ejecuciones extrajudiciales, la matanza como práctica de Estado”, el equipo de investigaciones de la ONG Proiuris presentó un informe sobre el trabajo realizado para ubicar a familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Los abogados encargados de esa actividad hicieron 60 visitas a la morgue de Bello Monte para contactar a los parientes de los asesinados.
En 5 meses conocieron de 51 casos, pero solo en 30 de las ejecuciones extrajudiciales se estableció comunicación con los familiares de las víctimas.
De ese número de personas solo nueve fueron a Proiuris para contactar a los abogados que los asesorarían en busca de justicia.
Los abogados de la ONG señalaron que muchos familiares sienten temor de denunciar las ejecuciones extrajudiciales. Informaron que han realizado ocho visitas al Ministerio Público, sin embargo, muchos casos no han tenido respuesta.
Por otra parte, informaron que a veces los parientes de las víctimas, por temor, no han querido asistir. Pero otros aceptan que se lleven las denuncias adelante, como en el caso del doble homicidio del funcionario de Polichacao Eligio Duarte y el ex funcionario de ese organismo Fernando Lira, hecho ocurrido el 6 de marzo pasado en la Intercomunal de Guarenas.
Los abogados de Proiuris explicaron que a los familiares de las víctimas se les brinda ayuda legal y se les dice que tienen derechos . «Les da miedo porque los amenazan», explicó uno de los abogados.
Cuando llevan los casos a Fiscalía los abogados piden una investigación y respuesta por escrito. Interponen escritos en Actuación Procesal del Ministerio Público.
Los procesos están paralizados. De hecho, hay casos denunciados en 2017 y hasta ahora no hay imputados. Pero los abogados de Proiuris les dicen a los familiares de las víctimas que esos casos no tienen vencimiento.