Familiares de presos políticos solicitaron este miércoles a la Iglesia católica, a través de una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Venezolana, que intervenga para lograr la liberación de sus allegados.
La misiva expresa la profunda preocupación que genera la situación de los detenidos tanto en el contexto electoral como en periodos previos.
Los firmantes consideran que estos ciudadanos enfrentan condiciones inhumanas y un encarcelamiento injusto, lo que va en contra de los principios fundamentales de dignidad y justicia, reseña EFE.
En el escrito se reproducen las peticiones realizadas anteriormente a las autoridades, entre las que se incluyen demandas para permitir visitas sin restricciones arbitrarias y garantizar acceso a servicios médicos adecuados, en especial para quienes padecen enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y adolescentes.
Además, piden que se proporcione productos de higiene femenina y se permita a los familiares ingresar medicinas y alimentos.
Otro de los reclamos es la mejora de las condiciones en los centros de reclusión, con la eliminación de los tratos crueles y degradantes y que cesen los traslados arbitrarios de los detenidos sin previo aviso a los familiares.
La carta también solicita que el Ministerio Público publique en su página web el listado de los detenidos trasladados, para evitar los inconvenientes que surgen en esos casos.
La Iglesia considera las peticiones «válidas y muy humanas»
Monseñor Rafael Bitter, subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, calificó como válidas y muy humanas las solicitudes contenidas en la carta, y aseguró que las enviará a la Presidencia de la Conferencia Episcopal.
Mildred Martínez, esposa del preso político Gilber Varillas, denunció que su esposo, acusado de intentar derrocar a Nicolás Maduro, se encuentra en un estado de salud delicado debido a la falta de agua en el penal Rodeo I, en el estado Miranda.
En una nota relacionada, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó que el miércoles una docena de detenidos poselectorales, incluidos ocho menores de edad, fueron excarcelados en tres regiones del país.
La ONG Foro Penal contabiliza más de 1.900 presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales. La organización también informó sobre 165 excarcelaciones, según indicó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.