El exviceministro venezolano de Desarrollo Energético Javier Ochoa Alvarado pidió a la juez que investiga el presunto saqueo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que acuerde la imputación de César Rincón, un exfuncionario de la petrolera que fue extraditado desde España y se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de pago de sobornos de compañías estadounidenses para asegurarse contratos de energía.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Alvarado solicitó que se cite a Rincón en calidad de investigado porque -según dice- aprobó más de 615 millones de dólares en órdenes de compra entre 2009 y 2015. También ha requerido la imputación de Silvestre Molero, presidente de Pdvsa entre 2009 y 2011 y comisario de la estatal venezolana. Ninguno de los dos figura en la querella de la petrolera que dio origen a las pequisas.
Estas peticiones se enmarcan en la investigación que lleva a acabo el Juzgado Central de Instrucción Número 3, donde se sigue un procedimiento contra más de una veintena de personas -entre físicas y jurídicas- por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español, organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros delitos cometidos en el extranjero.
Alvarado insistió en que se debe investigar también a Rincón porque ostentó cargos gerenciales en Pdvsa y Bariven -una de las filiales de la petrolera- durante el período que investiga la juez María Tardón. Según dijo, la «firma e intervención» de este exfuncionario «consta» en diversas operaciones que figuran en el procedimiento.
En el caso de Molero, ha defendido es una «solicitud lógica» requerir su imputación porque fue presidente de Bariven en parte de los años que recoge la querella de Pdvsa. Así, Alvarado subrayó que su comparecencia como investigado resulta esencial para una debida instrucción. En el marco del escrito, ha asegurado que como Molero «es actualmente el Comisario de Pdvsa» podrá ser citado «por medio de la representación procesal de la querellante Pdvsa». En la web de la estatal figura como el comisario firmante del informe de 2016, el último publicado.
Posible «estafa procesal» por parte de Pdvsa
La defensa de Alvarado solicitó también a la juez Tardón que reclame a la petrolera «los documentos originales de todos y cada uno de los documentados aportados a la causa», tanto su querella inicial como los entregados con posterioridad.
Insistió, además, que se requiera de nuevo a la estatal «todas» las actas del Comité de Operaciones y de la Junta Directiva de Pdvsa que ya fueron solicitadas en noviembre de 2020 y que la petrolera aún no ha aportado
En el resto de los 27 folios, Alvarado denunció la «posible falsedad de varios de los documentos» entregados hasta ahora por la empresa en el contexto del procedimiento.
La defensa analizó la documentación aportada a la causa y concluyó que «quizás nos encontramos ante una serie de documentos que pudieran haber sido alterados o falsificados y, por tanto, ante una posible conducta incardinable dentro del delito de estafa procesal».
Así, ha hecho referencia a casos específicos en los que la petrolera habría aportado documentos que cuentan con «todos los elementos para ser considerado una burda falsificación del original». destacó, entre otros detalles, posibles alteraciones en las firmas y en los membretes.