Los exjefes de Estado y de gobierno que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) instaron este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) a actuar ante el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
Los exgobernantes señalan que acompañan lo señalado en el informe sobre la posibilidad de que otros países inicien «acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados, de conformidad con su legislación interna pertinente».
«Acompañamos el pedido de la Misión del Consejo de DD HH en cuanto a que, habiendo determinado la presunta participación tanto de Maduro como de sus ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, que ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados y ejecutados por sus órganos de seguridad e inteligencia, los Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados, de conformidad con su legislación interna pertinente», dice el texto.
Además, IDEA instó a la Corte Penal Internacional «a cumplir con sus deberes, frente a las víctimas, de justicia y reparación oportunas».
Comunicado de IDEA
Los exjefes de Estado y de gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito del Informe de la Misión Independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, en el que se describen y documentan las prácticas sistemáticas de violaciones agravadas de DD HH, constitutivas algunas de crímenes de lesa humanidad y como políticas de Estado ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro, considera un deber imperativo señalar lo siguiente:
– La misión, luego de documentar 223 casos individuales y examinar 2.891 violaciones de derechos humanos que les mostrasen sus patrones, precisa que tiene motivos razonables para creer y sostener que han ocurrido «asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – incluyendo violencia sexual y de género – como desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias», dejando como víctimas a centenares de venezolanos, civiles y militares; sin contar, pero refiriéndola, la diáspora de más de cinco millones que han sido obligados a emigrar bajo el contexto represor imperante.
Actos de tortura
– En los casos de los presos políticos y militares, describe la Misión que «constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos, como fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica. Y, arguyéndose la lucha contra la delincuencia, el régimen también puso en marcha operaciones militares y otras de «liberación humanista del pueblo», que dejaron como saldos la Masacre de Barlovento y la ejecución extrajudicial de 4.681 personas en su mayoría sin antecedentes penales.
– Las violaciones documentadas en el Informe de la Misión de la ONU, según su texto, se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela, el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales, dando lugar a la creciente impunidad que exacerbó las violaciones y constatándose que en las mismas, además de autoridades militares y policiales, participaron activamente jueces y fiscales del Ministerio Público comprometidos con el régimen.
Acciones legales contra los individuos
a) En consecuencia, acompañamos el pedido de la Misión del Consejo de Derechos Humanos en cuanto a que, habiendo determinado la presunta participación tanto de Maduro como de sus ministros para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, que ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados y ejecutados por sus órganos de seguridad e inteligencia, los «Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados, de conformidad con su legislación interna pertinente».
b) Al igual que la Misión, instamos a la Corte Penal Internacional a cumplir con sus deberes, frente a las víctimas, de justicia y reparación oportunas.
Firman el documento Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís Rivera y Laura Chinchilla (Costa Rica), Felipe González y José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).
También Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Eduardo Frei (Chile), Alfredo Cristiani (El Salvador), Lucio Gutiérrez y Osvaldo Hurtado L. (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. y Julio María Sanguinetti (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
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