La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de permitir el establecimiento de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y comprometerse a recibir asistencia técnica «tiene sus riesgos en el mediano y largo plazo», considera el abogado venezolano Mariano de Alba.
El experto en derecho internacional explicó este jueves, en un hilo en Twitter, que para la Fiscalía de la CPI «es clave poder obtener información directa» sobre presuntos crímenes de lesa humanidad «comunicándose con diversos funcionarios, víctimas y familiares».
En Caracas, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo con Maduro, con quien se reunió durante esta semana, cuando viajó al país luego de ser invitado nuevamente por el Ejecutivo.
«Si decidiera (la CPI) avanzar con su propia investigación, su información y argumentos tendrán más peso», indicó De Alba.
Por ello el especialista recordó la presión que tiene la CPI por presentar casos sólidos sobre Venezuela, «donde sea muy probable que pueda obtener una condena del acusado».
«Con su presencia en Venezuela (la CPI) podría obtener pruebas más contundentes que le sean útiles en el futuro», agregó.
Estaba previsto que Khan regresara a Venezuela luego de que en noviembre de 2021 decidió abrir una investigación al país para constatar si se produjeron crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2017-2019.
La CPI y otras organizaciones en Venezuela se apoyarán
«A lo largo de estos últimos tres días (…) las partes han acordado que mi Fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí», señaló Khan la tarde del jueves.
Se acordó, además, dar continuidad a las reuniones de trabajo entre las partes, un hecho que el fiscal consideró importante por haber logrado un consenso en el sentido de que la CPI «podrá trabajar con organizaciones internacionales y con asociados», colaborando con el apoyo del gobierno de Maduro.
Por su parte, el propio Maduro dijo que con la apertura de la oficina en Venezuela se podrá tener un «nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso».
Maduro aseveró que el país está en un proceso de «reforma profunda», que denominó «revolución de la justicia», para realizar todas las modificaciones necesarias.
«Ahora estamos en un proceso de reforma profunda, yo le he llamado la revolución de la justicia, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, en leyes, en métodos de trabajo, en funcionamiento de las instituciones, ese proceso se ha dado en Venezuela a partir de un diálogo social, institucional, político y comienza a arrojar importantes resultados», resaltó.
La reforma
El Poder Legislativo aprobó en enero una reforma de la Ley Orgánica del TSJ que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen la institución. Expertos entrevistados por El Nacional coinciden en que la reducción es solo «un número», lo que busca realmente el gobierno de Maduro es asegurar «la impunidad» en Venezuela.
El exmagistrado Perkins Rocha y el abogado Joel García coincidieron en que el verdadero objetivo del Ejecutivo tiene un trasfondo político, y no es más que mostrarle a la Corte Penal Internacional (CPI) que Venezuela «está cambiando su sistema judicial» para que de esa forma el fiscal Khan detenga la fase de averiguación y así evitar el juicio.