El internacionalista Mariano de Alba afirmó que la Corte Internacional de Justicia -CIJ- no tiene forma de obligar a Venezuela a cumplir la decisión que tome sobre el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre.
Este viernes, esa instancia emitirá una orden frente a las medidas que solicitó Guyana contra el proceso.
“La Corte no tiene forma de obligar a Venezuela a cumplir su decisión”, afirmó el experto en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría.
Manifestó que no cree que se le pida al gobierno de Nicolás Maduro que modifique las preguntas o suspenda el llamado, como lo exigió el Estado guyanés.
Y que, en caso de que la CIJ lo hiciera, De Alba no ve posible que las autoridades socialistas acaten esa decisión.
Sin embargo, sí cree que la corte exigirá a ambas partes abstenerse de realizar acciones que aumenten la tensión en la disputa territorial.
El internacionalista manifestó que, desde lo jurídico, las consecuencias para Venezuela serían solo de carácter reputacional en caso de que no cumpla la orden de la Corte Internacional de Justicia.
Agregó que el gobierno guyanés podría entonces pedirle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que revise la situación y acuerde las medidas que considere.
El país ha asegurado que el referendo consultivo representa una supuesta amenaza y una forma de desconocer la jurisdicción de la corte.
Venezuela posee «argumentos sólidos»
La organización Acceso a la Justicia criticó que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano refuerce su política de ignorar los organismos de la justicia internacional en lugar de cooperar con ellos, como lo exigen los tratados internacionales suscritos por la República y el propio Texto Fundamental.
«El Estado venezolano posee argumentos jurídicos sólidos para sostener ante cualquier instancia internacional que el territorio Esequibo es suyo, independientemente de que se consulte o no a los venezolanos», señaló la ONG en su página web.
Destacó que, por esa razón, debe insistirse en la solución del conflicto con Guyana aplicando el Acuerdo de Ginebra de 1966 y defender ante la Corte Internacional de Justicia su posición.