Familiares, activistas, trabajadores y representantes de la sociedad civil protestaron este lunes ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- para exigir la liberación de los 6 trabajadores condenados a 16 años de cárcel.
“Soy víctima de violación de los derechos humanos. Hoy convoco a todos para decirle al fiscal Karim Khan que aquí estamos las víctimas. No necesitan un informe que le diga quiénes somos”, manifestó Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho.
“Nosotros no somos letras, no somos números, somos personas a las que les violan constantemente los derechos humanos. Doctor Karim Khan, no más dilaciones para poner tras las rejas a los que nos han encarcelado y nos han quitado los derechos fundamentales”, dijo.
Además de Bracho, están detenidos Emilio Antonio Negrín, Gabriel José Blanco, Reinaldo Cortéz, Alonzo Valentín Meléndez y Néstor Astudillo. El gobierno de Nicolás Maduro los acusa por los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“Una sentencia contra la sociedad”
“No es una sentencia contra seis personas, es una sentencia contra toda la sociedad venezolana porque están violando el derecho a protestar, el derecho a elegir y ser electo; porque el hecho de que estén saboteando inclusive la primaria es una violación contra todos los venezolanos, que tenemos el derecho de elegir a quien nos dé la gana para que nos represente. Hasta eso está en peligro”, manifestó un miembro de la sociedad civil.
Dijo que todos los derechos públicos, civiles y económicos están siendo vulnerados por el régimen de Nicolás Maduro.
Los manifestantes iban a intentar entregar un documento en el que expusieron el rechazo a la condena contra los seis trabajadores y en donde solicitarían su intervención en Venezuela para que se les otorgue la libertad plena. “No han hecho absolutamente nada porque no se les comprobó ningún delito”, afirmó.
“Conspiraron contra el Estado”
Tarek William Saab, fiscal general de la República, ratificó el 3 de agosto que a los activistas y sindicalistas los procesaron por presuntamente conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro y no por pedir mejoras salariales.
“Estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra del Estado. Quien transgrede la ley y como psicópata rompe las reglas, se investiga y finalmente se le condena”, dijo Saab en rueda de prensa.
Grupo “subversivo y conspirativo”
Según la versión de Saab, los seis hombres pertenecían a una supuesta organización subversiva y conspirativa llamada Unidad de Resistencia Popular. Aseguró que obtuvieron “evidencia concluyente” de que planificaron acciones contra el Estado.
Entre ellas, señaló, asaltar un conscripto de alistamiento militar del estado Mérida para robar su parque de armas, que constaba de 120 fusiles FAL. Con ese material, añadió Saab, los ciudadanos “planificaban sabotear” las actividades del 5 de julio del año pasado, en las que estarían presentes Nicolás Maduro y el alto mando militar.
“Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y el Distrito Capital. Al momento de la aprehensión, realizada entre el 4 y el 9 de julio de 2022, a los seis se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo”, expresó.
Con “apoyo desde Colombia”
El fiscal dijo que presuntamente recibieron apoyo desde Colombia.
Saab señaló a Alcides Bracho como el jefe de la organización y afirmó que trabajaba bajo instrucciones y financiamiento de Ángelo Heredia, militar que desertó de la Guardia Nacional Bolivariana. A este trabajador, indicó el fiscal, se le incautó en su residencia un arma de fuego que tenía en su poder sin la permisología correspondiente.
“Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato. En el juicio se evacuaron 15 pruebas que sustentaban la acusación, que llevaron al juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados”, manifestó el funcionario.
Aseguró que presentó este caso durante una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que sus delegados “quedaron satisfechos” con la información aportada por las autoridades venezolanas.