Organizaciones de la sociedad civil reclaman que el Senado de México finalmente instale el grupo de legisladores que debe encargarse de dar seguimiento a las investigaciones del incendio que ocurrió hace tres meses en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. El proceso quedó suspendido el jueves por falta de quórum.
La noche del 27 de marzo, un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en la localidad de Chihuahua acabó con la vida de 40 personas y dejó 27 más heridos. Por este hecho, la Fiscalía General mexicana informó hace una semana la vinculación en el proceso judicial de un venezolano por presuntamente haber comenzado las llamas, identificado como Carlos Eduardo Colombo Rodríguez.
Organizaciones en ese país exigieron que ese grupo de legisladores garantice un seguimiento efectivo, transparente y humano, centrado en la reparación de las víctimas y en el actuar de las autoridades migratorias, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía de la República, reseñó el diario mexicano El Tiempo.
Garantizar la no repetición
Dijeron que se debe ampliar el alcance de su trabajo para lograr esos objetivos, por lo menos hasta que finalice la actual legislatura, y trabajar con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y la Comisión de Derechos Humanos para que se avance hacia la modificación estructural de normas que garanticen la no repetición.
El Grupo Plural de Trabajo del Senado lo integrarán los legisladores Rafael Espino de la Peña, Kenia López Rabadán, Beatriz Paredes Rangel, Verónica Delgadillo García, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gabriela Benavides Cobos, Antonio García Conejo y Emilio Álvarez Icaza Longoria.
“Pedimos a la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que este grupo se instale esta misma semana, con participación de sociedad civil y que, como resultado de su funcionamiento, pueda concretarse un plan de trabajo consistente de apoyo y respaldo a las víctimas de este incendio”, manifestaron las organizaciones de la sociedad civil.
La tragedia, afirmaron, debe considerarse un crimen de Estado.