La ONG Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exigió este viernes la liberación de «todos los presos políticos» detenidos tras las presidenciales del pasado 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.
A través de X, el observatorio expresó su «profunda preocupación por el incremento de la represión estatal y la persecución política contra universitarios». Entre ellos, contabilizó a 45 detenidos de forma «arbitraria» tras las elecciones, de los cuales 21 ya fueron liberados, según ha identificado.
Asimismo, detalló que más de 15 universitarios permanecen encarcelados, acusados de «terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad».
Por otra parte, resaltó que el pasado 30 de septiembre las universidades reiniciaron sus actividades, pero -afirmó- «decenas de universitarios no han podido reincorporarse por ser víctimas de persecución política».
El ODH-ULA aseguró que el 11 de septiembre «fueron expulsados 71 estudiantes» de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en Caracas. Esto, por «protestar el día de las elecciones» del 28 de julio y denunciar el «voto asistido por parte del director en favor de Nicolás Maduro».
Tras las presidenciales, fueron detenidas durante las protestas más de 2.400 personas, en su mayoría señaladas por la Fiscalía de cometer «violencia» y «vandalismo». Mientras que la Plataforma Unitaria Democrática acusa de «represión» a los agentes de seguridad del Estado para impedir las manifestaciones.
PJ se une al llamado
Por su parte, Primero Justicia (PJ) exigió al Gobierno la liberación «inmediata» de sus 34 miembros que -denuncia- están detenidos, así como del resto de «presos políticos».
En una nota de prensa, PJ aseguró ser «el segundo partido de oposición en Venezuela con más presos políticos», entre los que nombró al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, detenido en octubre por una supuesta trama de corrupción en la que el Gobierno también vinculó a Pedro Guanipa, director de la Alcaldía, aprehendido en septiembre.
Ambos opositores respaldaron la candidatura del líder de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, un resultado señalado como fraudulento por este sector del antichavismo, que reclama el triunfo de su abanderado.
Primero Justicia exigió la liberación de los 1.958 «presos políticos» que, de acuerdo al cómputo de la organización no gubernamental Foro Penal, hay en el país, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, entre ellos, 69 menores de edad, con edades de 14 a 17 años, siempre según la ONG.
Urgen al fin de la persecución
Esas cifras, prosiguió PJ, reflejan «la represión desatada en respuesta a las manifestaciones en todo el país, donde los venezolanos exigían respeto a la voluntad popular expresada» en los comicios.
Denunció también que el «régimen de Maduro persigue tanto a líderes de oposición como a defensores de derechos humanos y miembros clave de la sociedad civil», y mencionó a los activistas Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y Rocío San Miguel, aprehendida en febrero de este año.
Además, el partido urgió al Gobierno a cesar «la persecución» y garantizar los derechos de «cada uno de los presos políticos», a la vez que pidió a la comunidad internacional seguir «registrando y denunciando las constantes violaciones de derechos humanos» en el país caribeño.