En un comunicado urgente, un grupo de ciudadanos, “miembros activos de la sociedad venezolana, muchos hoy en la diáspora o en el exilio”, se dirigieron a la opinión pública, a la Comisión Nacional de Primarias y a la Asamblea Nacional de 2015, exigieron a los diputados de ese Parlamento desconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), “porque fue nombrado por una Asamblea Nacional usurpadora y todos sus actos son nulos”.
Los que suscriben el comunicado fundamentan su posición en en al acuerdo de la Asamblea Nacional de 2015, fechado el 9 de diciembre de 2020, en el que se lee que se rechaza “cualquier resultado que el régimen pretenda dar por válido sobre la elección de diputados de la Asamblea Nacional y, particularmente, la proclamación de supuestos candidatos electos quienes deberán ser considerados usurpadores en el ejercicio de la función parlamentaria haciendo ineficaz y nulas sus actuaciones”.
Los firmantes recordaron que “en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2018, los partidos que se proclamaban opositores al régimen de Nicolás Maduro se negaron a participar porque consideraron que no había condiciones justas para una contienda electoral, en la República Bolivariana de Venezuela”.
Destacaron que “la misma ausencia de condiciones para una contienda electoral auténtica y justa persistía en 2020, por lo que la elección de un nuevo ente legislativo el 6 de diciembre de ese año, no fue auténtica, de forma tal que la Asamblea Nacional producto de esa elección, tampoco fue legítima y no representó al pueblo venezolano”.
“De esa supuesta nueva Asamblea Nacional 2020 devino, a su vez, el nombramiento, el 4 de mayo de 2021, de Alexis Corredor Pérez, Tania D’Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón, como rectores de un CNE ilegítimo”, agregaron.
No pedirle ayuda al CNE
Asimismo, señalaron que la Comisión Nacional de Primarias, siendo un ente para instrumentar un evento de la oposición, “mucho menos puede someterse a las reglas que le imponga el referido CNE ilegítimo, ni solicitar, en consecuencia, ninguna clase de acompañamiento técnico a ese ente, como, desafortunadamente, ya lo ha hecho”.
“Unas elecciones auténticas, justas, libres y transparentes, como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país, no pueden ser controladas por un ente que fue designado por el propio régimen que urge que sea desplazado del poder”, indicaron”.
CNE en el exilio
Finalmente, indicaron que acudieron al Tribunal Supremo Legítimo en el exilio para solicitar se dote de un CNE ad-hoc que pueda llenar el vacío que existe en materia de rectoría electoral: «Que haga posible el derecho de todos los venezolanos, también los que están fuera de Venezuela, a participar en elecciones auténticas, y que funcione en el exilio, para que sus miembros no sean amenazados y su autonomía no se vea comprometida, como en efecto sucedió con los magistrados de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, obligados a emitir sus decisiones desde el exilio por la persecución que Maduro destacó en su contra”.
«Es nuestro deber insistir en que la designación de un ente electoral ad-hoc en el exilio, ofrecerá la confianza necesaria a los venezolanos, al asumir la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer nuestro derecho a la participación política, derecho humano que está siendo gravemente ignorado. De un ente fraudulento nunca podrá surgir una institución legítima, y de allí la responsabilidad histórica de la sociedad civil venezolana, para consigo misma, en reclamar su ejercicio”, concluyeron.
Comunicado completo
Comunicado Urgente
A la Opinión Pública Venezolana A la Comunidad Internacional
A la Comisión Nacional de Primarias
A la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela- 2015
Quienes suscribimos este comunicado, miembros activos de la sociedad venezolana, muchos hoy en la diáspora o en el exilio, justamente por nuestros comprobables años de lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, nos sentimos obligados a dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en especial, a la llamada “Comisión Nacional de Primarias”, a fin de expresar lo siguiente:
1.- En las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2018, los partidos que se proclamaban opositores al régimen de Nicolás Maduro se negaron a participar porque consideraron que no había condiciones justas para una contienda electoral, en la República Bolivariana de Venezuela. Aunque los Acuerdos de la Asamblea Nacional del 2017 al 2019 en ese materia han sido eliminados de su página web, esto fue un hecho público, notorio y comunicacional.
2.- La misma ausencia de condiciones para una contienda electoral auténtica y justa persistía en 2020, por lo que la elección de un nuevo ente legislativo el 6 de diciembre de ese año, no fue auténtica, de forma tal que la Asamblea Nacional producto de esa elección, tampoco fue legítima y no representó al pueblo venezolano. Por eso, tal proceso contó con una participación de 31%, es decir, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015, ganadas por la oposición.
3.- Como fórmula adicional para garantizarse el control de ese supuesto parlamento, el CNE ilegítimo, controlado por el régimen de Maduro, aumentó inconstitucionalmente (violando el artículo 186 de la Constitución), en 2020, el número de escaños en el parlamento, de 167 a 277, es decir, un aumento de 66%. En esa fraudulenta elección, el régimen de Maduro se adjudicó 253, de los 277 (esto es 91,3% de los escaños). Este inconstitucional e irracional cambio fue, evidentemente, una manera adicional de escamotear aún más la voluntad popular, al dispersar el voto opositor para asegurarse la mayoría parlamentaria. Por ello, una coalición de 27 partidos opositores rechazaron esos resultados. Leer acuerdo aquí.
4.- De esa supuesta nueva Asamblea Nacional 2020 devino, a su vez, el nombramiento, el 4 de mayo de 2021, de Alexis Corredor Pérez, Tania D’ Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón, como Rectores de un Consejo Nacional Electoral ilegítimo.
5.- En el aparte Segundo del Acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional electa en 2015, el día 9 de diciembre de 2020, en rechazo a las elecciones parlamentarias que fueron realizadas el 6 de diciembre de 2020, se lee:
“(…) SEGUNDO: Rechazar por nulo, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cualquier resultado que el régimen pretenda dar por válido sobre la elección de diputados de la Asamblea Nacional y, particularmente, la proclamación de supuestos candidatos electos quienes deberán ser considerados usurpadores en el ejercicio de la función parlamentaria haciendo ineficaz y nulas sus actuaciones (…)”.
Por lo antes expuesto, exigimos a los diputados que suscribieron el Acuerdo de la Asamblea Nacional de 2015, fechado 9 de diciembre de 2020, que sean coherentes con sus propias actuaciones y desconozcan al CNE porque fue nombrado por una Asamblea Nacional usurpadora y todos sus actos son nulos, tal como consta en el citado Acuerdo.
Por lo mismo, la “Comisión Nacional de Primarias”, siendo un ente para instrumentar un evento de la oposición, mucho menos puede someterse a las reglas que le imponga el referido ente (CNE ilegítimo), ni solicitar, en consecuencia, ninguna clase de acompañamiento técnico a ese ente, como, desafortunadamente, ya lo ha hecho.
Unas elecciones auténticas, justas, libres y transparentes, como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país, no pueden ser controladas por un ente que fue designado por el propio régimen que urge que sea desplazado del poder.
Por esta razón, hemos acudido ante el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio para solicitar se nos dote de un ente electoral ad-hoc que pueda llenar el vacío que existe en materia de rectoría electoral, que haga posible el derecho de todos los venezolanos, también los que nos encontramos fuera de Venezuela, a participar en elecciones auténticas, y que funcione en el exilio, para que sus miembros no sean amenazados y su autonomía no se vea comprometida, como en efecto sucedió con los Magistrados de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, obligados a emitir sus decisiones desde el exilio por la persecución que Maduro destacó en su contra.
Es nuestro deber insistir en que la designación de un ente electoral ad-hoc en el exilio, ofrecerá la confianza necesaria a los venezolanos, al asumir la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer nuestro derecho a la participación política, derecho humano que está siendo gravemente ignorado. De un ente fraudulento nunca podrá surgir una institución legítima, y de allí la responsabilidad histórica de la sociedad civil venezolana, para consigo misma, en reclamar su ejercicio.
“La sociedad civil debe asumir la noble tarea de superar su condición de elector y votante, para asumir la tarea de reclamar respeto a la dirigencia nacional, y por otro lado, reclamarles que asuman compromisos con la sociedad civil, entendiendo que somos ciudadanos, no un simple número en cualquier padrón electoral” (texto extraído de un artículo en Politika UCAB, por Carlos Romero Mendoza, 27-10-2017, Una sentencia en el exilio y los Acuerdos de la AN: ¿insumos para cohesionar?).
20 de abril de 2023
Suscriben
Abg. Enrique Aristeguieta Gramcko,
JUNTA DE GOBIERNO VENEZUELA 1957
DIRECTOR REGISTRO ELECTORAL (1985-1990)
Carlos Ortega,
EX PRESIDENTE CTV
Iván Freites,
Luis Tábata,
Nelson José Riera Rangel,
Douglas Rodríguez Zerpa,
Carmen León,
José Villanzana,
ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES DE VENEZUELA
Abd. Adriana Vigilanza,
Abd. Edgar Simón Rodríguez,
Abd. José Luis Salas Abad,
Abd. Theresly Malavé
Contraalmirante Carlos Molina Tamayo
Ing. Jean Pierre Chovet
VENEZUELAN FREEDOM FOUNDATION
Guillermo Prieto Ochoa
CENTRO VENEZOLANO PARA LA DEMOCRACIA
Ricardo Ojeda Salazar
ASOCIACIÓN CIVIL LUCHA POR LA DEMOCRACIA.
Dra. Blanca Rosa Mármol
MAGISTRADO EMÉRITA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA-VENEZUELA
Carlos Fernández Pérez
Expresidente de FEDECÁMARAS
Dr. Luis Manuel Aguana
TICs & DERECHOS HUMANOS
Rvdo Pedro Freites
Abd. Rafael Uribarri
RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Guillermo Salas y Bruno Egloff
ESDATA
Atahualpa Montes
COMISARIO GENERAL
Clemente Rojas
COMISARIO
Víctor Amram Cazes
COMISARIO
José Contreras
MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL
María Claudia López
UNIONE ITALOVENEZOLANA – ITALIA
Abd. Carlos Guía
ASOCIACIÓN “SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA” DE VÍCTIMAS
María Mercedes Gutiérrez y Clementina Bayot-Hiteshew
PARTICIPACIÓN VENEZOLANA GEORGIA
Dr. José V. Méndez
COMITÉ INTERNACIONAL CRISTIANO PARA DEFENSA