Manuel Cristopher Figuera vivió en el ojo del huracán del poder venezolano, un desertor del gobierno de Nicolás Maduro pero un chavista de corazón, según dijo en varias ocasiones. Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la temida agencia de inteligencia de Venezuela, Figuera fue una figura clave en el aparato represivo del régimen, hasta que decidió romper filas en 2019 y apoyar el levantamiento contra Maduro.
Su deserción sorprendió al mundo, al revelar las profundas grietas en el seno del poder venezolano y exponer la lucha interna por la supervivencia de un régimen asediado. Por seguridad, no quiso revelar donde vive.
Figuera no es un hombre de extremos fáciles: hizo formación militar en Cuba y Bielorrusia, y fue educado en los métodos de seguridad más estrictos. Aunque se han publicado informes sobre violaciones de derechos humanos durante su gestión, él las niega, alegando que bajo su liderazgo no hubo denuncias comprobables y que intentó reformar el Sebin para mejorar el respeto a las libertades fundamentales.
Para algunos, es un traidor; para otros, un hombre que finalmente eligió el camino de la verdad y la justicia. En diálogo con La Nación, de Argentina, Figuera describió cómo, desde el aparato de seguridad, intentó resistir las órdenes injustas y denunció las prácticas represivas que según él se dictan directamente desde Maduro.
Explicó el funcionamiento del aparato represivo del régimen, que según el informe publicado por la ONU este martes llegó a un punto crítico después de las elecciones, con incremento de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas dirigidas a silenciar la disidencia.
—Desde su experiencia como ex director del Sebin, ¿cómo describiría el funcionamiento del aparato represivo en Venezuela?
—En este momento es una máquina de terror, persecución y muerte, cuyos jefes están al servicio de Nicolás Maduro. Utilizan todos los recursos, medios y capacidades de ese y otros organismos para mantenerlo en el poder a cualquier costo.
—¿Quiénes son los que toman las decisiones clave sobre la represión y persecución de opositores?
—Nicolás Maduro es el responsable y quien da las órdenes; él mismo lo ha dicho.
—¿Cómo ha evolucionado la represión en Venezuela desde 2014 hasta la actualidad?
—Ha evolucionado a pasos agigantados. La ciudadanía ha sido traicionada por el incumplimiento de las promesas electorales y, de manera sistemática, se le ha negado la posibilidad de hacer un cambio político por la vía pacífica. Nicolás Maduro se refugia en una Fuerza Armada y policías corrompidas, así como en organismos de inteligencia y contrainteligencia que actúan como ejércitos de ocupación contra su propio pueblo. También se ha aliado con grupos delincuenciales nacionales y foráneos, convirtiendo al Estado en un Estado delincuente donde se aplica el terrorismo de Estado en su máxima expresión. Ha llegado al extremo de encarcelar periodistas y comunicadores por informar la verdad, cerrar medios de comunicación y bloquear redes sociales para mantener a la ciudadanía desinformada y aislada.
—¿Qué rol juegan actualmente los colectivos y otros grupos paramilitares en la represión en Venezuela?
—Los colectivos ahora operan conjuntamente con organismos de seguridad y están equipados y entrenados por ellos. También actúan fuera de las fronteras venezolanas y están involucrados en crímenes como el asesinato del Teniente Ronald Ojeda en Chile. Estos grupos tienen alianzas con guerrilleros como las FARC y el ELN de Colombia, quienes secuestran a ciudadanos venezolanos opositores y los entregan a las fuerzas represivas de Nicolás Maduro.
—¿Ha notado un cambio en las tácticas o en la intensidad del uso de la fuerza contra manifestantes y opositores?
—Por supuesto que ha habido cambios significativos tanto en el uso de la fuerza como en su intensidad contra la población que protesta. Se violan los derechos a protestar y cuando son detenidos injustamente se les niega el debido proceso de manera consuetudinaria y sistemática. Todo es ordenado por Nicolás Maduro, y algunos funcionarios inescrupulosos de alto rango actúan por cuenta propia, generando un caos social que beneficia a la clase gobernante.
—Cuando asumió la dirección del Sebin, ¿cuáles fueron las primeras medidas que tomó?
—El 30 de octubre de 2018 ordené la separación inmediata de sus cargos de los funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos. También inicié una serie de acciones específicas para asegurar que no hubiera tortura ni tratos inhumanos bajo mi gestión.
—¿Qué le motivó a tomar estas medidas en contra de la aplicación de tortura y otros tratos inhumanos en el Sebin?
—Como funcionario del gobierno de Venezuela con el grado de general de división, y habiendo trabajado como director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), conocí a través de informes de los medios de comunicación sobre las condiciones de reclusión en el Sebin. Me impactó especialmente la muerte del concejal Fernando Albán mientras estaba bajo custodia. Además, fui consciente de las constantes quejas de los familiares de los detenidos, lo que me llevó a realizar recomendaciones para contrarrestar estas prácticas con investigaciones pertinentes y acciones administrativas y judiciales.
Fernando Albán fue un concejal venezolano y activista opositor perteneciente al partido Primero Justicia, crítico del gobierno de Nicolás Maduro. En octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Sebin, Albán falleció en circunstancias sospechosas. Según la versión oficial del gobierno venezolano, se habría suicidado tirándose desde el décimo piso del edificio del Sebin. Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada por miembros de la oposición, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, quienes sospechan que Albán fue sometido a torturas y asesinado mientras estaba bajo custodia.
—¿Podría explicar cómo organizó su gestión para mejorar la situación en el Sebin tras asumir su cargo?
—Al ser nombrado, solicité inmediatamente un resumen específico de los informes disponibles sobre la situación de los procedimientos y las condiciones de reclusión, tanto de fuentes gubernamentales como no gubernamentales. Esta información fue recopilada por el mayor Jesús García Hernández. Luego convoqué al jefe de Investigaciones del Sebin, el comisario Carlos Calderón, para que me entregara un informe actualizado sobre las condiciones de reclusión y detalles de los detenidos. Cabe destacar que Calderón fue el primero que destituí.
—¿Cuáles fueron las medidas específicas que tomó a partir de estos informes?
—Ordené una investigación interna sobre la muerte del concejal Fernando Albán, quien fue asesinado en la sede del Sebin antes de mi llegada. Suspendí inmediatamente el pago del bufete que defendía a los funcionarios involucrados en su muerte.
Realicé personalmente una inspección de las áreas de detención y ordené un plan de adecuación de los espacios para mejorar las condiciones de reclusión. Recomendé medidas sustitutivas de libertad para aquellos privados con sentencia firme y gestioné la liberación de personas que tenían órdenes judiciales de excarcelación.Coordiné con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Servicios Penitenciarios para realizar jornadas de celeridad procesal y revisar casos de violación del debido proceso. Organicé jornadas médicas para los privados de libertad, especialmente para los más vulnerables por su salud. Me entrevisté personalmente con los detenidos que lo solicitaron y trabajé para cambiar la cultura abusiva del personal del Sebin mediante talleres de respeto a los derechos humanos.
—¿Hubo alguna resistencia o desafío en la implementación de estas acciones?
—Sí, enfrenté resistencia significativa. Nicolás Maduro ordenó explícitamente que algunas de mis recomendaciones no se implementaran, y en otros casos me pidió no documentar ciertas acciones por escrito. Además, algunos funcionarios continuaron con prácticas abusivas, lo que complicó aún más mi gestión.
—¿Cómo lidió con las órdenes de Nicolás Maduro que consideraba injustas o ilegales?
—Siempre exigí el acompañamiento de la Fiscalía del Ministerio Público y me negué a actuar sin investigación previa o sin órdenes judiciales. Por ejemplo, cuando me ordenaron la detención arbitraria del opositor Roberto Eugenio Marrero Borjas, me negué a ejecutarla sin las pruebas necesarias. En respuesta, Nicolás Maduro instruyó a la Dgcim a crear una simulación de delito para justificar la detención.
