Karla Daniela Parra Suárez, de ocho meses de embarazo, detenida arbitrariamente junto con su pareja el 30 de julio en el contexto poselectoral, fue liberada este martes, informó la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan).

Parra Suárez, de 20 años de edad, se encontraba recluida en el Internado Judicial Los Pinos, estado Guárico. Su pareja, Abraham Armas, de 19 años, permanece detenido en la cárcel de Tocorón, detalló la organización.

Oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Parra Súarez y a su pareja cuando se dirigían a bordo de una moto a buscar a su hija de 2 años de edad.

«En ese momento Karla tenía tres meses de embarazo y así se lo hizo saber a los funcionarios cuando la llevaron al comando de la GNB en Guárico, pero no les importó, porque igual fue agredida físicamente al igual que Abraham», denunció el 13 de diciembre Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute.

La joven presentó un sangramiento grave hace un mes. Fue hospitalizada en ese entonces, pero luego la devolvieron a la cárcel.

«Ambos fueron arbitrariamente detenidos, sometidos a torturas físicas y psicológicas y separados de su hija pequeña», manifestó Sujú.

11 presos políticos fueron excarcelados en Tocuyito

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este martes sobre la excarcelación de 11 presos políticos en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito.

Según familiares, el lunes 16 de diciembre se llevaron a cabo jornadas médicas en el penal, con la entrada de al menos siete ambulancias al centro de reclusión. Esta acción se produjo tras el fallecimiento de dos reclusos en menos de 72 horas, ambos detenidos en el contexto poselectoral.

Piden a la Iglesia católica por liberación de presos políticos

Familiares de presos políticos solicitaron el 12 de diciembre a la Iglesia católica, a través de una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Venezolana, que intervenga para lograr la liberación de sus allegados.

La misiva expresa la profunda preocupación que genera la situación de los detenidos tanto en el contexto electoral como en períodos previos.

Los firmantes consideran que estos ciudadanos enfrentan condiciones inhumanas y un encarcelamiento injusto, lo que va en contra de los principios fundamentales de dignidad y justicia, reseña Efe.

Además, piden que se proporcione productos de higiene femenina y se permita a los familiares ingresar medicinas y alimentos.

Otro de los reclamos es la mejora de las condiciones en los centros de reclusión, con la eliminación de los tratos crueles y degradantes y que cesen los traslados arbitrarios de los detenidos sin previo aviso a los familiares.