El médico cirujano Eduardo Ignacio Madrid Vásquez, de 29 años de edad, fue excarcelado el domingo tras pasar más de cuatro meses detenido.
Su arresto ocurrió el pasado 29 de julio, en el contexto de las protestas registradas en el país en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales que dan como supuesto ganador a Nicolás Maduro.
Madrid reside en el estado Trujillo y egresó de la Universidad de Los Andes.
A Eduardo Madrid lo detuvieron en la ciudad de Valera funcionarios estatales y permaneció inicialmente en el Centro de Coordinación Policial Nº 2 de la ciudad hasta el 25 de agosto, reseña el Diario de Los Andes.
Posteriormente, lo trasladaron a la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, donde estuvo privado de libertad hasta su liberación.
Durante este tiempo, familiares denunciaron públicamente la injusticia de su caso y las difíciles condiciones que enfrentaba.
El medio local destaca que el joven cirujano, quien recientemente había culminado sus estudios, sufrió una abrupta interrupción de su carrera profesional. Su familia insistió en que su única aspiración era ejercer la medicina con compromiso y ética.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió información sobre la excarcelación del médico y exigió su libertad plena.
«Eduardo estuvo preso, por el contexto poselectoral, en la cárcel de Tocuyito. Fue detenido el 30 de julio cuando iba al ambulatorio donde se desempeñaba como médico rural, en el estado Trujillo, cumpliendo con el artículo 8 de la Ley de Medicina de Venezuela. Celebramos con su familia, que no dejó de luchar para lograr su vuelta a la libertad. Nunca debió estar preso», expresó la ONG.
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Más de 500 excarcelados en Venezuela tras las presidenciales
El Ministerio Público informó este lunes la excarcelación de 533 personas detenidas en el contexto de las protestas registradas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
El anuncio, firmado por el fiscal general Tarek William Saab, detalló que entre el 10 y el 14 de diciembre se solicitaron 179 revisiones de medidas procesales, aprobadas por el Poder Judicial.
Estas acciones se suman a las 354 excarcelaciones previas, según el comunicado oficial.
El organismo aseguró que las liberaciones se realizaron bajo el «debido proceso garantizado por la Constitución» y reafirmó su «compromiso» con la «paz, la justicia y los derechos humanos».
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, así como familiares de los detenidos, han denunciado que los casos tienen un carácter político y que estuvieron marcados por irregularidades judiciales, arrestos arbitrarios y presuntas torturas.
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