Un adolescente autista, de 17 años de edad, que había sido detenido en el estado Miranda durante las protestas poselectorales, fue excarcelado en la noche de este jueves, confirmó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.
El abogado afirmó en un mensaje publicado en X que también fue liberado otra persona. Con ello, llega a 27 el número de personas excarceladas entre el 10 y el 11 de diciembre, las cuales fueron detenidas en el contexto de las protestas contra los resultados electorales del 28 de julio en Venezuela.
Himiob detalló que 21 de los beneficiados son adolescentes. El resto son adultos.
#13Dic Al final del día de ayer, pudimos confirmar otras 2 excarcelaciones de detenidos en el contexto postelectoral. Entre ellos el adolescente (17) que está dentro del espectro autista arrestado en Miranda. Verificados entonces 27 excarcelados. 21 adolescentes y 6 adultos.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) December 13, 2024
Grave situación: denuncias de malos tratos y tortura
La situación de las detenciones de adolescentes ha generado gran preocupación a escala nacional e internacional. En el contexto de las protestas poselectorales, a numerosos menores de edad los detuvieron y acusaron de terrorismo.
Estos casos han estado acompañados por denuncias de graves violaciones de derechos humanos, con torturas y tratos crueles e inhumanos.
Las madres de estos adolescentes han alzado su voz en contra de esos abusos: han protestado para exigir la liberación de sus hijos y justicia. Asimismo, han denunciado públicamente las condiciones precarias en las que se encuentran los detenidos y los abusos físicos y psicológicos que, aseguran, han sufrido los adolescentes.
Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos que señalan que a los detenidos los sometieron a golpes, privación de alimentos, agua y otros tratos crueles.
La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y la OEA, ha expresado preocupación y ha instado al régimen socialista a respetar los derechos humanos.
La respuesta de las autoridades ha sido, en muchos casos, de negación y represión. Sin embargo, la presión constante de las familias y las organizaciones de derechos humanos llevaron a que las autoridades «revisaran» cada uno de los casos.
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