Baltasar Garzón, ex juez y jefe del despacho Ilocad S. L., recibió pagos hasta de 1,85 millones de euros por asesorar a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal.
Los pagos se hicieron en 2016 mediante la sociedad panameña Maroil Trading. Esta es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación. Así lo reseñó el diario ABC en su investigación.
Ruperti es uno de los empresarios que incrementó su fortuna durante el régimen chavista.
El contrato, que fue suscrito por el propio Ruperti y el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, establecía que el despacho realizaría un informe independiente sobre las investigaciones que realizaba Estados Unidos sobre Hugo Carvajal.
Estados Unidos reclamaba al general retirado por narcotráfico y otros delitos.
Tres meses después de que Ruperti firmó el contrato con Garzón, Pdvsa adjudicó a Maroil Trading Inc, un contrato de 138 millones de dólares.
La tarea del equipo de Garzón era diseñar una estrategia para la defensa de Carvajal. El informe de este despacho debía cuestionar los métodos de la DEA y la justicia estadounidense para actuar en estos procesos de narcotráfico.
Cabe destacar, que Estados Unidos identificaba a Carvajal como uno de los líderes del Cartel de los Soles, grupo narcotraficante vinculado con el régimen chavista.
El ex jefe de la inteligencia renunció a Maduro y apostó por el presidente interino de la República, Juan Guaidó. Actualmente se encuentra detenido en Madrid, a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos.
El contrato
ABC reveló que el contrato lo negociaron personalmente Garzón y el general Carvajal a finales de julio de 2016. El ex magistrado viajó a la isla Margarita para encontrarse con el general.
En los documentos se constató que las cantidades finalmente satisfechas ascendieron, al menos, a 1.850.000 euros, de los casi 3 millones presupuestados.
La primera factura girada por Ilocad a Maroil Trading data del 20 de junio de 2016 y asciende a 500.000 euros para la «formación del grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento».
El 30 de agosto de ese año Ilocad emitió 2 facturas más: fueron 1.025.000 euros divididos en «formación grupo trabajo, elaboración informe y estrategia comunicación» y otros 250.000 euros para la «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento».
Por último, el primero de diciembre de 2016 el bufete de Garzón facturó 75.000 euros, que correspondían a un trimestre de «estrategia de comunicación».
Ruperti no solo financió la defensa de Carvajal. El empresario reconoció que también pagó al bufete de Garzón para que asumieran como abogados de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Los sobrinos fueron detenidos en Haití acusados por narcotráfico el 10 de noviembre de 2015 en una operación de la agencia antidroga estadounidense. Una corte federal de Nueva York los condenó en el año 2017 a 18 años de cárcel por intentar introducir en Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína suministrados por las FARC.
La respuesta de Garzón
Fuentes oficiales del despacho de Baltasar Garzón solo se remitieron a un boletín emitido en 2016 en el que reconocían que estaban elaborando un informe sobre el caso de Hugo Carvajal.
Aseguran que no pueden dar ninguna información más «por el deber de confidencialidad».
Garzón fundó Ilocad en junio del año 2012. Desde ese entonces y hasta finales de 2017, el ex juez facturó con su empresa más de 14,3 millones de euros.
Sus ingresos se comenzaron a disparar precisamente en el año 2016, cuando recibió los pagos de Ruperti por Carvajal, hasta facturar 3.495.061 euros. En 2017 la cifra de negocio alcanzó los 5,4 millones de euros.