Los venezolanos no tienen ninguna posibilidad de incidir o participar en el proceso presupuestario nacional, algo que se considera primordial para garantizar que los recursos se conduzcan a las necesidades reales de la población.
Así lo reveló la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, un estudio que se encarga de hacer una evaluación sobre transparencia, vigilancia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario nacional de 120 países.
Por tercera vez consecutiva, Venezuela obtiene 0 puntos sobre 100 máximos en cuanto a la participación del pueblo en decisiones que tengan que ver con el presupuesto nacional. Mientras que en la medición de la supervisión de los recursos de la nación, la calificación del país fue de 13 puntos, indicando que existe una débil vigilancia de la Asamblea Nacional y de la Contraloría General de la República.
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, publicada por la organización Transparencia Venezuela, se completó en Venezuela cuando aún estaba vigente el Decreto de Emergencia Económica impuesto por el Poder Ejecutivo, el 13 de enero del año 2016, que anuló la facultad del Parlamento de aprobar el presupuesto y ejercer control de la actividad financiera.
Desde entonces, el Estado no publica ninguno de los documentos presupuestarios previstos en las normas venezolanas o los recomendados por las prácticas internacionales.
El estancamiento de Venezuela en la mínima calificación, lo ubica en la posición 117 del ranking global y en la última del continente, pese a que América Latina y el Caribe evidenció mejoras en los resultados.
Venezuela contra la corriente
El resultado de Venezuela no solo va contra corriente de los avances de la región, sino en todo el mundo. Desde la evaluación de 2008, el puntaje global promedio de transparencia ha aumentado más de 20 puntos porcentuales, y la Encuesta 2021 evidenció mayor participación e inclusión de los ciudadanos en las decisiones sobre cómo se recauda, se pide prestado y se gastan los recursos públicos.
«La transparencia el proceso presupuestario y la existencia de canales de participación inclusivos en el proceso aseguran que la asignación de los recursos se conduzca a las necesidades reales de la población, fortalece la confianza en el sector público y están asociados con déficits más bajos, costos menores de endeudamiento, instituciones democráticas más sólidas y mejores resultados de desarrollo», resaltó el documento.
El estudio señala que los últimos resultados de Venezuela en la Encuesta de Presupuesto «ha coincidido con el entramado de desfalco al patrimonio público, el aumento de la pobreza y de la desigualdad que ha forzado la migración más grande del continente; deterioro de los servicios básicos; una deuda externa que casi triplica el valor de la producción nacional (PIB), el impago de compromisos de deuda desde 2017; la reversión de la institucionalidad democrática y la profundización de las actividades de economía negra desde propio sector público luego de las sanciones, que potencia los riesgos de mayores pérdidas patrimoniales y daño social».
«Los desafíos de la gobernabilidad en Venezuela, y otros países con retrocesos en el desarrollo, hacen urgente la exigencia de presupuestos responsables e inclusivos. Una sociedad civil activa, medios de comunicación independientes, y legislaturas y auditores nacionales efectivos son fundamentales para reforzar la rendición de cuentas y garantizar que el dinero público atienda las demandas más sentidas de la población», precisó el informe.