La Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos de Venezuela mostró este sábado su esperanza en que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país abra «una puerta a la justicia».
Así lo expresó la presidenta de la Fedehu, Paola Martínez, en un comunicado de la organización en el que consideró que, «entre 2014 y 2017, se recrudeció la política de criminalización de la protesta estudiantil. Esto se evidenció con «el uso desmedido de las fuerzas de seguridad en contra de universitarios» en las manifestaciones de esos años.
«La comunidad universitaria atraviesa una crisis sin precedentes, debido a la presión por parte del Estado que sofoca el desarrollo de la academia en el país», consideró.
Estudiantes venezolanos creen en la CPI
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el pasado 3 de noviembre que la entidad que dirige abriría formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, aclaró que, por ahora, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril de 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
La CPI extendió esta semana por tres meses, hasta el 16 de abril, el plazo para que las autoridades de Venezuela presenten su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
«En espíritu de cooperación, diálogo y equidad, el fiscal (de la CPI) acordó conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022, para informar a la corte sobre su investigación con base en el artículo 18(2)», dado que este plazo expiró el 16 de enero, indicó la CPI en un documento publicado en su página web.